VALÈNCIA. Ya han pasado 30 años desde aquel 1990 cuando se aprobó la ordenanza municipal de València que fija la tasa de la grúa. Desde entonces, el Ayuntamiento la ha reformado hasta en una veintena de ocasiones y se ha duplicado el precio que en ella se recoge, pero se ha hecho sin emitir informes económico-financieros ni estudios al respecto, según recoge en su última fiscalización de las tasas y precios públicos de los grandes ayuntamientos -entre ellos, el de València- elaborado sobre datos de 2017.
El organismo afirma que el informe remitido por el consistorio "corresponde a la revisión de la ordenanza aprobada en 1990" y que desde entonces ha sufrido, "al menos", veinte modificaciones "sin que se haya emitido "informe o estudio alguno". Todo, subraya el Tribunal de Cuentas, pese a que el importe de las cuotas tributarias por la tasa de retirada de vehículos de la vía pública "se ha duplicado en la actualidad".
En este sentido, se habría contravenido la normativa estatal que fija que el establecimiento de tasas "deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos" en los que se explicite el valor de mercado o la previsible cobertura del coste del servicio, en este caso de la grúa municipal. Así, Tribunal de Cuentas recuerda que este llamado 'principio de equivalencia' precisa de un "análisis detallado del coste de los servicios públicos" y para ello se necesitaría un sistema de contabilidad analítica del que carecen, no sólo el propio consistorio de València, sino el resto de grandes ayuntamientos -excepto el de Barcelona-.
Según manifestó el consistorio en sus alegaciones, todos los incrementos de la tasa de la grúa se debían a actualizaciones en función del IPC. Ahora bien -insiste el Tribunal-, desde su primera aprobación ha habido incluso un cambio en la prestación del servicio, pasando de la gestión directa por una empresa municipal a la gestión indirecta mediante una concesión, "lo que implica una modificación significativa del sistema de costes".
Con todo, València es una ciudad que podría considerarse en la media en cuanto a las tasas aprobadas para la retirada de vehículos de la vía pública, tanto por enganche como por la custodia en el depósito, según la comparativa realizada por el Tribunal de Cuentas que se refleja en los cuadros inferiores.
Lo que ha ocurrido en las últimas décadas con la tasa de la grúa también se ha comprobado en la reforma en 2013 de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento). Sobre ello, el Tribunal de Cuentas asegura que el consistorio "aportó un estudio económico", pero "sin fecha ni firma" y "de elevada antigüedad". Hasta el punto de presentar los cálculos en pesetas.
Pero en cambio, la ordenanza se ha modificado en "múltiples" ocasiones, al menos diez veces desde que se cambió de pesetas a euros. La última vez que se había modificado a fecha de las indagaciones del Tribunal (2017) era 2013, con el gobierno del Partido Popular. Y en esa ocasión la modificación tampoco estuvo acompañada de un nuevo informe técnico-económico pese a que "no suponía una simple revalorización de tarifas" sino que también contenía cambios en la diferenciación de las zonas de aparcamiento.
Otra de las tasas que analiza el organismo es la tasa TAMER por la gestión de las basuras que depende de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre). Se paga en la factura del agua, es decir, a través de empresas concesionarias u otras entidades que prestan el servicio de abastecimiento de agua potable, en este caso la empresa mixta Emivasa, 80% de la firma Global Omnium y un 20% del Ayuntamiento de València. Es esta la que recauda la tasa de residuos y más tarde liquida con la Emtre. Con todo, aquí también se han hallado algunas incorrecciones, puesto que esta empresa estaría llevando a cabo actuaciones "que exceden de las funciones de colaboración" y que corresponderían a la Emtre.