VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha inadmitido el escrito presentado por el expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el que instaba al consistorio a ejecutar y cumplir el convenio con la administración autonómica en el PAI del Grao. La concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, en sustitución del alcalde, Joan Ribó, firma una resolución en la que inadmite a trámite el escrito "por inexistencia de acción pública y falta de legitimación".
En este escrito, Camps recordaba que el 3 de septiembre de 2015, a requerimiento de la Generalitat, el alcalde, Joan Ribó, informó de que el coste de la obras de urbanización efectuadas por el gobierno valenciano en el PAI del Grao ascendían a 42,9 millones de euros, que es "deuda no vencida ni exigida por la Generalitat al Ayuntamiento", sino que para la misma hay un "compromiso municipal" consistente en la repercusión del canon de urbanización a los propietarios del sector. A lo que habría que sumar los intereses bancarios.
Por ello Camps instaba al Ayuntamiento a repercutir estos costes a los urbanizadores. Pero es precisamente esta cuestión una de las que mantiene paralizado el desarrollo urbanístico del trazado de la Fórmula 1: el Ayuntamiento negocia con los propietarios rebajar las cargas urbanísticas. Y es lo que Camps pedía que no se hiciese, dado que el convenio suscrito recoge el compromiso municipal de repercutir estos costes.
Ahora el Consistorio inadmite el escrito. Según la resolución suscrita por Bernabé, Camps alegaba acción pública para exigir el cumplimiento del convenio urbanístico. "Sn embargo -prosigue- es claro y notorio que un convenio aunque fuera urbanístico no tiene el carácter un instrumento de planeamiento ni de ordenación territorial, por ello, no puede verse amparado por la acción pública en materia urbanística".
En este sentido, arguye la resolución, la acción pública urbanística habilita a los ciudadanos a recurrir decisiones de la administración en materia territorial y urbanística "en cuanto al contenido y procedimientos de los correspondientes instrumentos de ordenación y de los proyectos para su ejecución, naturaleza que en ningún caso se le puede dar a un convenio urbanístico".
Por otro lado, el expresident solicitaba que se le tuviera por personado en todos los expedientes que pudieran existir al respecto. Algo que también rechaza la administración municipal al considerar que la legitimación para personarse "no es universal sino que se reconoce exclusivamente a aquellos cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por el convenio", lo que en este caso no ocurre.
La concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, ha dado cuenta de esta resolución que “deja en evidencia la pretensión del PP de convertir València en el campo de batalla orgánico”. Bernabé ha lamentado que mientras el Ayuntqamiento “trabaja para dar respuesta a la crisis de la covid y se ha convertido en un referente en la gestión sanitaria, social y económica, en el PP siguen buscando liderazgo a costa de generar incertidumbre”.
Bernabé ha pedido, en este sentido, que el PP “deje de utilizar València para que sus dirigentes hagan campañas personales y sitúe como prioridad a los valencianos y valencianas". "Si buscan liderazgo para la ciudad, que Francisco Camps y María José Catalá lo resuelvan en un congreso", ha sentenciado.
Asimismo, ha señalado que el PP “debería pedir perdón por el lastre que ha supuesto para la ciudad el Circuito e la F1” y que podría “costar a las administraciones más de 45 millones de euros”. Por tanto, ha reclamado a los populares que “no metan a los valencianos y valencianas en sus luchas internas porque lo que necesitan es el trabajo y el esfuerzo del Ayuntamiento”.