Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya se prepara retirar la licencia del antiguo hotel Sidi Saler a sus propietarios. La concejalía de Actividades, que dirige la edil Lucía Beamud, ha emitido un decreto que da inicio a los trámites para declarar la caducidad de la licencia ambiental del inmueble por falta de actividad.
Actualmente, el antiguo hotel es propiedad de Coral Homes -participada al 80% por el fondo de inversión Lone Star y al 20% por Caixabank- y Divarian -la firma inmobiliaria creada por el fondo Cerberus y BBVA-. Ambas mercantiles intentan desde 2019 reactivar la actividad del complejo de lujo solicitando los correspondientes permisos al Ayuntamiento y la prórroga de la concesión del suelo a la Demarcación de Costas.
El complejo, ubicado fuera de ordenación urbanística en el Parque Natural de la Albufera, está cerrado desde hace una década, desde 2011. De ahí que el Ayuntamiento haya puesto en marcha la maquinaria para declarar caduca la licencia de actividad del inmueble. Según la normativa, esto se puede hacer cunado la actividad "se paralice por plazo superior a dos años, excepto en casos de fuerza mayor". Y en este sentido, el decreto explica que no consta razón de fuerza mayor ni una solicitud de prórroga de la licencia.
Lo cierto es que ya en 2019 la concejalía de Actividades inició de oficio un expediente de caducidad de la licencia por inactividad. Sin embargo, aquel expediente caducó porque no se acabó dictando una resolución al respecto. Ahora, el departamento que dirige Lucía Beamud reactiva el proceso y da a los propietarios un trámite de audiencia de diez días para que presenten las alegaciones que consideren para evitar la caducidad de la licencia.
También en 2019 los propietarios solicitaron al Ayuntamiento licencia ambiental y una licencia de obras para adecuar y rehabilitar las instalaciones, especialmente afectadas por el paso del tiempo. Sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión al respecto de la licencia ambiental dado que los representantes de las firmas no han acreditado lo suficiente, a juicio del consistorio, el poder de representación que ostentan para poder llevar a cabo tales solicitudes.
Así pues, el Ayuntamiento pide a los representantes acreditar "por cualquier medio válido en derecho", dice el decreto de la concejalía de Actividades, ese poder de representación. Hasta entonces también queda suspendido el procedimiento de cambio de titularidad de la licencia de los anteriores propietarios a los actuales.
Y en cuanto a la licencia de obra, el decreto de Actividades es tajante al denegar la autorización. Hay que recordar que el inmueble se encuentra en situación de fuera de ordenación sustantiva. Eso significa que los propietarios exclusivamente tienen la posibilidad de hacer obras de "mera conservación" y no pueden ir más allá. Sin embargo, el proyecto de pobras de reforma y rehabilitación presentado por las mercantiles es equiparable a la reedificación o "reestructuración total", algo que no está permitido en la situación actual del complejo.
Mientras, sigue en el aire la concesión del dominio público de este enclave, que depende directamente de la Demarcación de Costas (Ministerio de Transición Ecológica. Hace tres años, las firmas recibieron la renovación de la concesión por parte Costas para los próximos 30 años, prorrogable durante otros 30 años más. Pero el gobierno central otorgó a los propietarios un plazo de un año para que obtuvieran la licencia.
El plazo, sin embargo, sigue prorrogándose sin que la propiedad haya obtenido el permiso municipal, y de ahí que las empresas pidieran una nueva prórroga a Costas el año pasado. El Ministerio, con todo, no ha tomado ninguna decisión nueve meses después sobre esta última petición dado que, como publicó Valencia Plaza la pasada semana, faltan informes de otras administraciones. Se requirió informes al Ayuntamiento de València y a dos consellerias de la Generalitat Valenciana. El consistorio y una de las consellerias ha respondido, mientras que otra sigue sin hacerlo.
El Ayuntamiento de València, y concretamente el concejal de la Devesa-Albufera, Sergi Campillo (Compromís), ha manifestado en reiteradas ocasiones su preferencia por derribar el edificio, mientras que los socios socialistas abogan más por dar otro uso al inmueble. En ambos casos, se evitaría que volviera a abrir como complejo hotelero de lujo, al encontrarse en un entorno natural de máxima protección.
