VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València quería y así lo anunció su alcalde, Joan Ribó. El Juzgado de Instrucción número 15 ha dado su visto bueno. El consistorio ha recibido la comunicación de que se ha aceptado su personación como acusación particular en el marco de las diligencias previas que lleva a cabo el magistrado-juez. Este juzgado investiga los hechos del pasado 9 d’Octubre, en los que se produjeron varias agresiones por elementos ultras, según los califica el propio Ayuntamiento, que impidieron el desarrollo de una manifestación en defensa del valenciano por el centro de la ciudad.
El pasado 15 de diciembre y, a instancia del alcalde, la Junta de Gobierno Local aprobó proponer la personación del Ayuntamiento por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos, según detalla la propia Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía. Además, en la interlocutoria de citado juzgado (del pasado 31 de octubre) se hacía ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprendiera las acciones pertinentes por los posibles daños sufridos.
Fue en este marco que el alcalde propuso a la Junta de Gobierno Local el “ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender a este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales”. Tal y como subrayaba el alcalde en un comunicado remitido por el consitorio, “es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria en vista a preservar el orden público y garantizar la seguridad”.
En este sentido, Ribó recordaba que “además”, tenían “un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, como hicieron los grupos ultras el pasado 9 d’Octubre”. “Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal, trabajar para erradicar los delitos de odio”.
Como se recordará, durante la manifestación convocada el pasado 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por parte de las organizaciones integrantes en la denominada Comisión 9 d’Octubre, se produjeron diversos enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de contramanifestantes. Este grupo de personas, vinculadas en algunos casos a formaciones filofascistas, agredieron en grupo a asistentes de la manifestación legal, a cualquier viandante que saliera a defender a los agredidos, y a fotoperiodistas, al tiempo que proferían insultos.