El Ayuntamiento rechaza (de nuevo) el recurso del Sidi Saler contra la caducidad de su licencia

VALÈNCIA. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València desestimará este viernes el recurso de reposición presentado por los propietarios del Sidi Saler contra la resolución del pasado mes de enero de la Concejalía de Actividades que denegaba la licencia de obras y licencia ambiental a los dueños del complejo hotelero. 

El portazo de enero por parte del área que dirige Lucía Beamud y que ahora repite el equipo de gobierno no solo impide que el antaño hotel de lujo pueda retomar su actividad, sino que también traerá aparejada la retirada a los propietarios de la concesión del Gobierno central por este espacio, cuyo futuro pasará a depender directamente del Ministerio de Transición Ecológica.

El establecimiento de especial singularidad y fama está ubicado en las proximidades de l'Albufera y cerró hace más de una década. Sus dueños, Coral Homes -participada al 80% por el fondo de inversión Lone Star y al 20% por Caixabank- y Divarian -la firma inmobiliaria creada por el fondo Cerberus y BBVA-, llevaban desde 2019 intentando reactivar la actividad. Pero no lo harán.

Los propietarios presentaron en aquel momento una solicitud para desarrollar unas obras de mantenimiento y así obtener la licencia de ambiental que les permitieran ponerlo en marcha de nuevo, pero les fueron denegadas. La parte privada volvió a recurrir esta decisión del Ayuntamiento y de nuevo se encontró con la misma respuesta en septiembre del año pasado por parte del Cap i Casal. Ante esta resolución, la Concejalía de Actividades notificó a las partes que podían presentar alegaciones. 

Pero el procedimiento concluyó el pasado mes de enero sin ningún cambio significativo al respecto: por una parte, quedaban desestimadas las alegaciones de los dueños y, por otra, también denegaron la licencia de obras que reclamaban Coral Homes y Divarian. Sin las reformas para acondicionar la infraestructura en cuestión, estos tampoco podrían obtener la licencia ambiental para ponerlo de nuevo en funcionamiento.  

La resolución fue comunicada a la Demarcación de Costas entonces y serviría como punto de partida para decidir qué hacer con el emblemático edificio. Pero todo apunta a que finalmente el edificio será derruido. De hecho, este es el deseo que tiene el equipo de gobierno, o al menos la pata de Compromís. Tanto Beamud como el propio alcalde, Joan Ribó, se mostraron favorables hace ya dos meses a la demolición del inmueble y la recuperación del entorno natural del espacio que actualmente ocupa. "La postura está clara. No puede continuar ahí", expresó el primer edil en su día. "Defiendo el parque natural", afirmó para más tarde considerar que en el momento actual "no tiene ningún elemento" a favor para estar en su emplazamiento.

Pérdida de la concesión del Gobierno

Pero más allá de lo que ocurra en un medio-largo plazo, lo que será más inmediato será la pérdida de la concesión administrativa concedida por el Gobierno central a los propietarios por estar el hotel en terreno de dominio marítimo-terrestre. La concesión caducó en 2018 y Costas la renovó para los próximos 30 años prorrogables, pero lo hizo con la condición de que la propiedad obtuviera los permisos municipales. Al no hacerlo, decaería la concesión. De manera que el Ministerio debería incoar un expediente de caducidad de la misma, según explicaron desde la Delegación del Gobierno en su día, si bien este todavía no se ha formalizado en la vía administrativa.

Ahora ya será el Ministerio de Transición Ecológica el que tendrá que decidir sobre el futuro del edificio: si lo derriba o si quiere encontrarle otro uso. Entre las dos opciones, en el consistorio lo que ven más posible es el derribo. El edificio se encuentra, actualmente, fuera de ordenación urbanística. Esto es, no existe en los planos. Y siendo así, la ley impide al consistorio conceder licencia de obras que vayan más allá de realizar labores de mero mantenimiento. 

En ese sentido, hay que recordar que el inmueble está en el ámbito de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de la Generalitat, ambos en revisión, por lo cual se aplica el régimen de protección preventiva de la normativa de espacios naturales.

Aun así, ¿podría modificarse el planeamiento para incluir el edificio y meterlo en ordenación urbanística? Sí, pero en el departamento de Urbanismo no creen que Costas accediera a esa modificación, por lo que el futuro del inmueble podría ser el derribo. Se descartaría así la posibilidad planteada por asociaciones vecinales de reconvertir el antiguo complejo hotelero en una dotación como una residencia de mayores.