El Ayuntamiento València recauda por primera vez 300.000 euros por el 'sharing' de motos

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya ha empezado a recaudar dinero por la tasa de ocupación de la vía pública aprobada para el sector de los vehículos compartidos de alquiler, el conocido como sharing. En la ciudad, hacía años que el sector de las motos operaba en la ciudad, pero hasta ahora no pagaba ningún gravamen al consistorio por el uso del espacio público para desarrollar su actividad. Hasta ahora.

Así, el consistorio ha ingresado cerca de 300.000 euros por esta tasa municipal -297.000, concretamente- referente a la actividad de los años 2020 y 2021. La ordenanza fiscal aprobada para 2020 fija que las empresas de alquiler de vehículos compartidos que operen en las calles de la ciudad deben pagar una tasa anual de 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica.

En total, 21 empresas se dirigieron al consistorio indicando que tenían la intención de poner en marcha en el Cap i Casal su servicio de motos de alquiler. Sin embargo, desde los servicios municipales se ha constatado que finalmente han sido un tercio, 7 compañías, las que han ocupado la vía pública con sus vehículos durante los dos ejercicios pasados.

Así, la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán, ha liquidado la tasa para un total de 2.184 motos que han ocupado la vía pública en algún momento de 2020 y 2021. En ese sentido, desde el departamento consistorial señalan que las empresas remiten al consistorio la cifra de motos que poseen, pero "luego, en el día a día, no todas circulan a la vez, dado que en muchos casos tienen motos de reserva que sólo circulan en caso de que otras no puedan".

Así, la recaudación al final ha sido sensiblemente inferior a la que se había previsto, puesto que en un principio se iba a llevar la liquidación de la tasa correspondiente a 2.573 motos para el año 2020 y de 2.738 para el ejercicio siguiente. Cifras cuyos ingresos proyectados ascendían a 364.500 euros. Finalmente, sin embargo, el ingreso ha resultado un 19% inferior.

En cualquier caso, el abono de esta tasa era un requisito imprescindible para que las empresas que han estado operando en la ciudad durante los últimos años, puedan seguir haciéndolo una vez la concejalía de Espacio Público otorgue las correspondientes autorizaciones. El departamento que encabeza la edil Lucía Beamud inició hace un año los trámites para regularizar los permisos del sector, que hasta ahora funcionaba de manera alegal. Proceso que todavía no se ha resuelto.

El modelo de permisos que pretende aplicar el consistorio es similar al de Barcelona. La concejalía de Movilidad Sostenible, que encabeza Giuseppe Grezzi, analizó la situación de la ciudad y fijó el máximo de motos compartidas en un total de 2.000. Y ese global se repartirá por la concejalía de Espacio Público entre todas las compañías que se han interesado en el servicio.

Se trata de un modelo que no ha gustado nada al sector porque, dice, reduce notablemente la actual oferta de motos de este estilo y bloquea un tipo de movilidad sostenible que puede contribuir a la descarbonización de las ciudades dado que, al resultar tan pocas motos para cada compañía, la falta de rentabilidad ahuyentará a las operadoras.