El sector del 'motosharing' busca suavizar las restricción de 2.000 vehículos en València ciudad

VALÈNCIA. Las desavenencias entre el sector del alquiler de motos compartidas -conocido como motosharing- y el Ayuntamiento de València ya se han dado cita de cara a la futura regulación en la ciudad. El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la edil de Actividades, Lucía Beamud, mantendrán una reunión con representantes de Smart Mobility, la asociación que engloba a las compañías de movilidad sostenible y compartida y que manifestó el pasado mes un serio malestar por las duras restricciones planteadas por el consistorio.

Hasta ahora, el sector había funcionado sin un marco de autorizaciones en la ciudad, pero en septiembre, la concejalía de Espacio Público, que dirige Beamud, abrió el proceso de regularización de permisos en el que las empresas interesadas podrían presentarse para obtener la correspondiente autorización de ocupación del dominio público municipal.

Las condiciones las había fijado la concejalía de Movilidad Sostenible en un informe elaborado un año antes, según el cual en toda la ciudad únicamente podrán operar 2.000 motos en total, con un máximo por empresa de 500 vehículos. Topes fijados teniendo en cuenta, según el departamento que encabeza Grezzi, la demanda potencial y la capacidad de absorción de vehículos del espacio público.

Así pues, el Ayuntamiento registró la solicitud de permiso de 15 compañías: algunas que ya operaban en la ciudad como Cooltra, Yego o Acciona, y otras como Lam, Bolt, Cargreen -que gestiona el único proyecto piloto de carsharing en la ciudad-, Spin Mobility, Cityscoot, Avant Fullstep, Tucycle Bike, Reby Rides, Working4ueverywhere, OIZ Ridesharing y Mobilitas Futurus.

Al tener que repartirse las 2.000 motos entre ellas, se adjudicarían unas 133 por compañía, según explicó Espacio Público. Cantidades que supondrán una rebaja sustancial para las principales empresas que ya estaban funcionando en la ciudad y que, entre seis compañías, llegaron a sumar unos 5.000 vehículos en las calles del Cap i Casal.

De ahí que, tras conocer el reparto, Smart Mobility remitiera una carta al consistorio para mostrar su enfado y reclamar una reunión para abrir "una vía de diálogo constructivo" porque la regulación se estaba llevando a cabo "sin haber abierto un periodo de consulta y de diálogo previo con el sector". En esa misiva, la asociación aseguraba que las condiciones del consistorio limitarán la oferta "situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad".

Por el momento, la concejalía de Actividades no ha planteado cambiar las condiciones de adjudicación, según fuentes consultadas del departamento que encabeza Beamus. La reunión, en este sentido, servirá para que el sector haga llegar a la administración sus preocupaciones por la futura regulación, especialmente acerca de la limitación de vehículos. No obstante, el consistorio parece mantener inamovible su postura.