VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València frena el traspaso de la concesión de Feria València a la Generalitat como compensación por haber asumido su millonaria deuda. A juicio de la secretaría municipal, la propuesta de la Conselleria de Hacienda para resarcirse por la asunción de más de 480 millones de deuda presenta dudas legales que obligan a dejarla en suspenso.
Así lo manifestó a este periódico un portavoz del Ayuntamiento de València, que ostenta la presidencia del patronato de Feria Valencia, tras la reunión que este miércoles mantuvo la comisión de seguimiento del protocolo de intenciones firmado en verano de 2017 entre el Gobierno municipal, el Ejecutivo autonómico y la dirección del recinto ferial para el rescate y reestructuración de la institución.
En ese encuentro, tal y como avanzó Valencia Plaza, la Conselleria de Hacienda propuso al Ayuntamiento quedarse la titularidad de la concesión municipal que da derecho a explotar la actividad ferial en sus pabellones hasta 2051, un activo que le permitiría a la Generalitat compensar la asunción de la deuda de la institución ferial.
Posteriormente, el Ayuntamiento y la Generalitat negociarían una extensión del plazo hasta el máximo legal posible, lo que facilitaría al Ejecutivo autonómico encontrar un socio privado junto al que poder explotar el recinto mediante una sociedad mercantil en régimen de colaboración público-privada.
Según explicó tras el encuentro el departamento que encabeza Vicent Soler, para ello Feria Muestrario Internacional tendría que renunciar a la concesión municipal, que pasaría a manos de la Generalitat. Con posterioridad se firmaría "un contrato de arrendamiento a Feria Valencia para el uso de los edificios y que no se interrumpa la actividad, que establece el pago de un canon, por el momento no cuantificado".
Sin embargo, el Ayuntamiento, que sostiene haber sido informado la propuesta de la Generalitat el día previo a la reunión de este miércoles, considera jurídicamente "inviable" algunos puntos de la nueva hoja de ruta para la reestructuración de la institución ferial.
"La propuesta que hoy –por ayer– ha esbozado la Conselleria de Hacienda se ha dejado encima de la mesa, ya que la secretaría del Ayuntamiento, presente en la reunión, ha mostrado que alguno de los puntos de la hoja de ruta podría ser inviable jurídicamente", concreta el Consistorio, que prefiere avanzar en el acuerdo unánime que todas las partes firmaron hace dos años.
De esta manera, el Ayuntamiento se descuelga de esta suerte de dación en pago a la que la Generalitat aspira para resarcirse del coste de haber asumido la deuda del recinto ferial, una solución inspirada en la solución acordada para la subrogación de la deuda de la Institución Ferial de Alicante (IFA).
Según el diseño original, la Generalitat se hacía cargo de toda la deuda pendiente generada con las obras de ampliación de Feria Valencia (480,81 millones) y el Ayuntamiento le otorgaba una nueva concesión demanial de 75 años para gestionar directa o indirectamente la actividad ferial. Al término de la misma, los edificios, pagados por la Generalitat pero construidos sobre suelo municipal, pasaban a ser de titularidad del Ayuntamiento de Valencia, mientras que la administración autonómica no recibía ninguna compensación por hacerse cargo de la deuda derivada de su construcción.
El nuevo planteamiento de Hacienda ya no contempla, a diferencia de lo previsto en esa primera versión de la hoja de ruta, la finalización anticipada de la concesión vigente, sino su traspaso a la Conselleria de Economía como departamento competente en ferias comerciales.
Con ello, tampoco sería necesario ya que el Ayuntamiento de Valencia formalizase una nueva concesión demanial gratuita por el máximo legal (75 años) a favor de la Generalitat con el compromiso de conservar la infraestructura. Bastaría con prolongar la actual.
La deuda generada con el plan de modernización y ampliación de Feria Valencia asciende en total a 587 millones de euros. Dada la incapacidad del recinto ferial de asumir la devolución de los créditos con sus propios recursos, la Generalitat tuvo que hacerse cargo de la deuda prácticamente desde el primer momento en virtud de un convenio firmado para responder ante los acreedores si Feria Valencia no podía hacerlo.
Un informe de la Intervención de la Generalitat encargado por el Consell de Alberto Fabra concluyó que, sumada la carga financiera estimada, la deuda generada con la ampliación del recinto ferial podría acabar costando más de mil millones de euros a las arcas públicas. Por el momento ha pagado unos 100 millones de euros de principal y 270 millones de intereses, pero aún restarían 650 millones hasta 2029.
Fue a raíz de esa fiscalización, realizada tras años de discusión sobre si Feria Valencia era pública o privada o si debía someter sus cuentas a la revisión de la Sindicatura de Comptes, cuando las instituciones implicadas comenzaron a negociar una solución a la deuda de Feria Valencia.
Desde entonces, primero el PP desde el Ayuntamiento y la Generalitat y posteriormente el PSPV y Compromís, han planteado diversas soluciones, aunque la controversia sobre quién debía acabar ostentando la propiedad de los edificios siempre había estado presente.
La exalcaldesa de València y expresidenta del patronato ferial, Rita Barberá, siempre se negó en redondo a que la Generalitat adquiriese cualquier derecho sobre los edificios que ya estaba pagando. Unas reticencias que ahora mantiene su sucesor, Joan Ribó.