VALÈNCIA. Discrepancias en el seno del Consell por el decreto que ultima la Conselleria de Vivivenda para regular la actividad de los grandes tenedores y luchar contra el acoso inmobiliario en la Comunitat Valenciana. Una norma para responder a la crisis actual en materia de vivienda que, sin embargo, ha generado en el seno del Botànic desavenencias entre PSPV y Unides Podem, al frente de la Conselleria e impulsares del nuevo texto legislativo.
En concreto, la norma, con 47 artículos, regula aspectos como la creación de un registro de grandes tenedores para controlar su actividad, la cesión temporal a la Administración del uso de viviendas vacías de grandes propietarios, así como incluye la expropiación forzosa de inmuebles de protección oficial en manos de propietarios con diez o más activos. También, incide en la lucha contra el 'acoso inmobiliario', que define, regula y sanciona con hasta 950.000 euros las prácticas más graves contra los inquilinos.
El principal escollo entre los partidos del gobierno autonómico radica en una de las medidas que Vivienda ha introducido para intervenir en el mercado y resolver la situación de emergencia residencial en la autonomía valenciana. En concreto, se trata de la medida para la cesión temporal del uso de aquellos inmuebles deshabitados desde hace más de un año que sean propiedad de grandes tenedores, es decir, de aquellos con diez o más viviendas.
Se trata de una especie de 'expropiación temporal' del usufructo de la vivienda de un gran propietario, que en ningún caso pierde la propiedad, sino el derecho de uso durante un tiempo concreto siempre que se cumpla un doble requisito. Por un lado, que los inmuebles se ubiquen en una localidad con necesidad habitacional y, por otro, que sean viviendas inscritas en el registro de inmuebles deshabitados y que lleven más de un año en desuso.
Lo que busca Vivienda es ampliar la oferta en un momento en el que el mercado del alquiler se encuentra estrangulado con alzas de precios y poco producto para atender la demanda actual. De hecho, esos inmuebles se destinarán a las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública de la Generalitat y en todo momento se garantizará una compensación a los grandes tenedores. Esta medida se llevará a cabo por un plazo máximo de 5 años si el gran tenedor es una persona física, y de 7 años, si es jurídica.
Fuentes de Conselleria defienden que se trata de una fórmula que ya se recoge en otras normativas autonómicas en las que también se gobierna en coalición con el PSOE al mando como es Baleares. Además, insisten en que se actúa sobre viviendas que llevan un año bloqueadas y en las que el propietario no ha querido sumarse a las medidas de fomento que la Generalitat ha puesto ya en marcha para movilizar las viviendas vacías en el mercado.
Pero esta cuestión no acaba de convencer a sus socios de gobierno. Y este desencuentro es el que ha propiciado el retraso de una normativa, redactada desde octubre del pasado año, y cuya aprobación se preveía para finales de 2022. Sin embargo, fuentes del departamento que lidera Héctor Illueca aseguran que los equipos están trabajando de forma conjunta y coordinada para limar asperezas y sacar adelante una norma "que busca dar una respuesta a una situación compleja en el mercado".
Tanto es así que confían en que este próximo viernes el conflicto político esté solucionado y el pleno del Consell pueda darle luz verde, ya que destacan que cuenta con el informe favorable de Abogacía de la Generalitat que en un principio sí le puso algún reparo.
Registro de grandes tenedores
Cabe recordar que en principio este decreto se concibió como una ley, pero finalmente se modificó su forma legislativa para agilizar su tramitación ante la urgencia de su entrada en vigor en el actual contexto económico y social. También se rehicieron algunos aspectos más formales como su título y se eliminaron algunas cuestiones que habían generado gran malestar en el sector privado. Ahora, se ha dialogado con ellos y pactado algunas de las cuestiones que recoge.
