El conseller de Vivienda, Héctor Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda ha declarado como deshabitados 468 de los cerca de 500 inmuebles que una veintena de grandes tenedores han notificado que tenían vacíos en la Comunitat Valencianas. Una comunicación obligatoria por registro que, tras su posterior verificación e inspección, conlleva la resolución administrativa como vivienda en desuso con el fin de poder movilizarla al mercado del alquiler asequible. Pero la decisión final sobre el uso del inmueble está en manos de sus propietarios y algunos han preferido someterse a las sanciones que impone la norma y mantenerlos vacíos antes movilizarlos en el mercado.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana aprobó el pasado año un decreto para la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores, es decir, aquellos con más de diez viviendas. Para ello, se creaba un registro en el que debían informar de forma semestral de los inmuebles que llevaran un año sin habitar o destinados a otro uso que no fuera el residencial. Una vez inscritos, la Generalitat debe inspeccionarlos para declararlos como deshabitados si cumplen con los requisitos que marca el decreto. Y en ese proceso, de las 500 unidades notificadas se han declarado como vacías 468.
Una vez concluido el trámite administrativo, las entidades son las que deciden si cederlos para alquiler asequible a través del programa autonómico Xarxa Lloga'm, que prevé medidas de fomento y promoción para aquellos que se adhieran. Y de esas 468 viviendas, 118 se han adherido al plan, mientras que han rechazado hacerlo grandes propietarios de 350 activos que deberán, de acuerdo con la normativa, hacer frente a multas y sanciones por mantenerlas sin uso.
Según explica el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, las multas serán mensuales y se calcularán en base a su ubicación y la renta media, pero oscilarán entre los 350 y 650 euros. A ello habrá que sumar las sanciones que recoge la normativa y que van de los 10.000 a los 350.000 euros por "incumplir la función social de la vivienda". "Esta falta de colaboración demuestra el ámbito especulativo de algunos operadores que ni siquiera tienen interés de sacar al mercado esas 350 viviendas. Por tanto, se les sancionará doblemente por mantenerlas vacías e incumplir la ley", subraya.
El objetivo que perseguía la Generalitat con la normativa era movilizar más vivienda en el mercado ya que la Conselleria calcula que en la autonomía existen unas 20.000 unidades sin uso. Así, en diciembre de 2021 este departamento creaba el registro para que cada seis meses las entidades con grandes carteras en la Comunitat informen de los inmuebles que tienen vacíos a la Administración. La inscripción permitirá, a su vez, conformar un inventario preciso de las viviendas deshabitadas existentes en la región.
Por el contrario, 118 viviendas se incorporarán a la Xarxa Lloga'm', una especie de bolsa de activos para destinar a alquiler asequible, en la que también podrán participar los particulares que voluntariamente decidan movilizar sus pisos vacíos por un período de entre 7 y 8 años para alquiler social. La particularidad es que los propietarios recibirán una serie de incentivos por sumarse como la reparación de los desperfectos que no sean consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo, así como ayudas para la obtención del certificado de eficiencia energética.
También, la Generalitat ofrecerá como garantía a los dueños de los inmuebles seguro multiriesgos y otras pólizas. El precio del alquiler lo fijará la Conselleria y los pisos se ofrecerán en el mercado a través de una red de intermediación de 'Agentes Inmobiliarios Colaboradores', que se encargarán precisamente de tramitar estos alquileres con todas las garantías.
De hecho, esta colaboración ya se está activando, según explicó la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, encargada del programa, y la Conselleria ya ha recibido una decena de peticiones de agentes inmobiliarios para adherirse a este instrumento, de las que siete, tanto por parte de empresas como de profesionales a título individual, ya han sido autorizadas y dadas de alta.
Entre sus funciones estará la de gestionar la Xarxa Lloga’m y tener en régimen de exclusiva las viviendas que capten para este programa durante un periodo mínimo inicial de seis meses. Deberán hacer pública su condición de agente colaborador e informar a los arrendadores e inquilinos de las ventajas y objetivos del programa. Así, actuarán como intermediarios en la formalización de los contratos de arrendamiento y tramitarán la solicitud de inclusión de los contratos suscritos a las pólizas de seguro y multirriesgo que tenga contratada la Generalitat.
