La Audiencia limita el juicio del blanqueo en el PP de València a las campañas de 2007 y 2011

VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia continúa durante estos días con el goteo de sobreseimientos en la pieza del caso Taula relativa al presunto blanqueo de capitales en el grupo del PP en el Ayuntamiento de València en 2015. En el primer auto conocido el pasado martes, dictaba el archivo para un total de 13 exediles y exasesores del consistorio. Una decisión relevante que supone frenar la apertura de juicio oral a todos ellos. 

Ayer miércoles llegaron más resoluciones, entre ellas una de especial importancia como es la que afecta a la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster. Se trata de una de las principales acusadas junto al exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, en esta investigación, por lo que la valoración de su participación en los hechos implicaba conocer qué parte de la causa podía quedar viva. La principal conclusión es que la Audiencia limita la celebración del juicio oral a la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011, dejando fuera la mecánica para sufragar la de 2015. 

Los pronunciamientos de la Sala, que llegan después de seis años de instrucción, han generado una fuerte sacudida en el caso Taula. Todo parte del auto de procedimiento abreviado –conocido como procesamiento– emitido por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia el pasado octubre. En él se situaba a cerca de medio centenar de personas –y al PP como persona jurídica– al borde del banquillo por haber realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habría devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros. Entre los presuntos partícipes se encontraban los ediles y asesores de la última etapa de Rita Barberá en el consistorio. 

Aunque la parte fundamental del escrito se centraba en lo ocurrido en 2015, incluía otras operativas de 2007 y 2011 que, en su conjunto, describía como una "sobrefinanciación articulada exclusivamente en el ámbito local del partido" para sufragar las campañas electorales de esos tres años. Éstas habrían consistido, de acuerdo con el instructor y con la Fiscalía, en la recaudación de dinero de procedencia ilícita –por ejemplo donaciones de empresarios o cobros a sociedades por trabajos no realizados– fundada en el clientelismo político y la corrupción que imperaban en el Ayuntamiento. 

La Audiencia, ahora, únicamente mantiene que se siga adelante respecto esta última parte del auto, de acuerdo con la resolución relativa a García Fuster. En ella estima parcialmente el recurso de apelación que interpuso y le archiva, al igual que al resto de exediles y exasesores, el blanqueo de 2015 porque no puede sostenerse "más allá de la mera sospecha". Pero no su supuesta participación en los hechos de 2011, por los que Anticorrupción la acusa de blanqueo y de un delito continuado de cohecho. 

De ese momento es su famosa libreta en la que figuraba toda una supuesta contabilidad en 'B' por la que tanto el instructor como el fiscal la consideran administradora del dinero negro. Se trataba de una agenda bancaria manuscrita en la que se encontraron unas anotaciones de "aportaciones CyA", ingresos en efectivo realizados por ella misma en una cuenta opaca del grupo municipal –al margen de la contabilidad oficial– sobre todo a partir de 2010. En total, 174.856, 80 euros.

La decisión de la Audiencia Provincial, por tanto, y según las fuentes jurídicas consultadas, dejaría la celebración del juicio sobre esta pieza –cuando el instructor lo abriera para aquellos a los que no se sobresea la causa– centrado únicamente en esa financiación de las campañas de 2007 y 2011. Y anticipa, probablemente, lo que ocurra con Alfonso Grau en las próximas jornadas en la misma línea.

Continuidad de la causa respecto a Fuster en los hechos de 2011

Aun así, la Sala deja ya de antemano constancia de su opinión en el auto. En la resolución explica que García Fuster aparece involucrada junto a Grau en la percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado, no obstante, a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste. Un substrato que "permite atribuir racional e indiciariamente la consideración de dinero procedente de una actividad delictiva al dinero descubierto a través de las notas manuscritas, poseído y manejado por la apelante sin haber aportado una explicación coherente que descarte los mencionados indicios". "En razón de ello, la función ordenadora del auto dictado, sin ninguna declaración de prueba de los hechos o de culpabilidad de la presunta autora, justifica la continuidad de la causa", zanja.

Los magistrados también emitieron ayer miércoles otras tres resoluciones por las que sobreseen el blanqueo a las exediles Mayrén Beneyto y Ana Albert y para otro asesor del grupo municipal popular. Los argumentos son los mismos que para los anteriores y se resumen en la "notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito". Este jueves es probable que continúen los pronunciamientos.