VALÈNCIA, (EP) La dirección del centro de menores de Segorbe (Castellón), gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, ha anunciado este jueves cuatro acciones judiciales contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y su departamento, por sus declaraciones en relación a presuntos abusos sexuales a una menor residente por parte de un educador y por el propio traslado de los niños a otros centros de la Comunitat.
Así lo ha anunciado la representante de las Terciarias Capuchinas, Regina del Peral, que ha ofrecido una rueda de prensa en el centro Nuestra Señora de La Resurrección, acompañada de la directora, Concha García, y de un portavoz de los trabajadores, David Pérez Bolumar.
Según ha especificado, en primer lugar darán traslado a Fiscalía de la intervención íntegra de Oltra en el pleno de este miércoles para que analice si con sus manifestaciones, en las que desveló el presunto caso de abuso sexual, "se hubiese vulnerado los derechos de los menores aludido o de los trabajadores del centro igualmente mencionados". Para García, se trata de una divulgación "ilegítima" de datos.
Asimismo, Del Peral ha anunciado un procedimiento de protección civil de derechos al honor, intimidad personal y propia imagen "para depurar responsabilidades por la intromisión en la intimidad, dignidad, derecho al buen nombre y honor del conjunto de los trabajadores del centro".
En tercer lugar, presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las "resoluciones expresas y tácitas de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia que determinan la reubicación de los menores en otros centros" y un procedimiento civil de oposición a resoluciones administrativas en materia de menores, por vía del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del que dará traslado al fiscal, para pedir que los menores regresen a este centro.
Sobre la denuncia por el presunto abuso sexual de un educador a una residente de 17 años, que desveló en su comparecencia en las Corts la consellera, y la existencia de mensajes de Whatsapp, Del Peral ha asegurado que no había "hechos observables que se pudieran calificar" con el término abusos, aunque sí ha admitido "insinuaciones".
De acuerdo con la dirección, se trató de un "hecho puntual" que sucedió en el "contexto familiar" y no en el del centro, y del que cuando se tuvo conocimiento se actuó "con contundencia despidiendo al trabajador, precisamente para preservar la identidad de la menor, de ella y del resto".
La dirección asegura que este educador, abogado, llevaba diez años trabajando en el centro, estaba "habilitado" y con un comportamiento "normalísimo" y ha añadido que no es cuestión que sea de su competencia si el tema está en el juzgado. "Yo no he sabido los hechos concretos, realmente no pasó nada. Se contrastó la información, se vio que realmente no había nada a ese nivel y lo que se trasladó y se hizo de manera contundente y clara fue su despido, por la integridad del resto de los menores", han dicho.
Conducta "inapropiada"
García ha puntualizado que esas conversaciones y mensajes se produjeron en periodo de vacaciones, cuando no estaba bajo dependencia del centro, aunque igualmente se abrió expediente administrativo y el despido disciplinario por conductas "inapropiadas" aunque "no se pudiera desprender de las conversaciones conocidas, de las indagaciones efectuadas y las entrevistas realizadas con los implicados, la existencia de hechos con relevancia penal ni mucho menos abusos o comportamientos intimidatorios o de prevalencia".
En este sentido, ha afirmado que no han tenido desde el fin del expediente sobre el caso en mayo de 2016 noticias de Oltra hasta sus declaraciones y ha añadido que tanto la dirección del centro como la menor, actualmente mayor de edad, ya han sido citadas a declarar en el juzgado. La dirección solicitó una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado 15 de mayo.
Del Peral ha rechazado entrar en "guerras mediáticas y políticas" porque afirma que no es el carácter de la congregación y ha defendido que en los 120 años que llevan de trabajo con menores en situación de desamparo, su vocación son ellos y su "supremo interés": "Educamos en un talante positivo, en valores sociales humanos y humanizadores para que en un futuro próximo afronten con éxito su integración social", ha argumentado.
Además, se ha hecho referencia a otra queja desvelada por la familia de un menor de 16 años, de credo islámico, por la falta de respeto a sus creencias religiosas al no tener dieta disponible para su religión y estar escolarizado en centro concertado. Según la dirección, estaba liberado de las asignaturas de religión y se le facilitó la dieta. La madre del menor, al que han definido como con un comportamiento continuado de "acoso" a los compañeros, les llamó para trasladarles su alegría por haber conseguido el cierre del centro.
Por su parte, el trabajador ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la opinión pública y ha recalcado que La Resurrección es un centro "gestionado por profesionales, con el objetivo de velar por el "interés superior de los niños y niñas que residen aquí" aunque desde el pasado 9 --tras el traslado de los residentes a otras instalaciones-- "venimos a este centro sin posibilidad de llevar a cabo nuestro trabajo efectivo".
Por ello quieren que regresen. Así, ha explicado que tratan de reproducir "al máximo" el día a día de una rutina familiar, aunque son conscientes de que "nada ni nadie puede sustituir a una familia biológica" y ha descrito que pasan menores con comportamientos "muy específicos" que requieren atención "especializada" y actuar "con firmeza cuando un menor está bajo los efectos de un síndrome de abstinencia y por supuesto no podemos acceder a las demandas que está haciendo en esos momentos".
Foto: EFE
