VALÈNCIA. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó recientemente una inspección al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, en la que concluyó la necesidad de un juez de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo.
El CGPJ tiene constitucionalmente otorgada la competencia de la inspección y vigilancia sobre todos juzgados y tribunales para la comprobación y el control del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Hasta la fecha, el de Azud había reclamado infructuosamente un refuerzo en varias ocasiones desde 2021 por la dificultad de abarcar la causa.
La investigación se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en varias administraciones públicas de la Comunitat. Prácticas relacionadas sobre todo con operaciones urbanísticas y que se habrían desarrollado entre los años 1999 y 2013 con el principal ámbito de actuación del Ayuntamiento de València durante la etapa en el que el PP (Rita Barberá) se encontraba al frente.
A lo largo de los últimos años se han apuntalado diversas líneas de investigación, como la presunta financiación ilegal de las campañas del PSPV, los pagos de empresas como Acciona, las presuntas 'mordidas' gestionadas por investigados como José Luis Vera o el relevante papel del abogado José María Corbín (cuñado de Barberá) y su familia.
Además, se sigue la pista del dinero que el exvicealcalde de València Alfonso Grau (uno de los principales investigados) se llevó al extranjero y hay pendientes varias comisiones rogatorias, algo que suele alargar en demasía las instrucciones judiciales al tratarse de un auxilio que se solicita a autoridades de otros países.
La macrocausa cuenta hasta la fecha con más de 50 investigados e inabarcables ramificaciones. Lo deseable era que la instrucción finalizara este 2024, pero no parece sencillo que se logre. Para lograr el impulso definitivo, será clave el juez de refuerzo que ahora reclama, tras la inspección, el CGPJ en la misma línea que el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, que se ha pronunciado favorablemente.
Las opciones que propone son tres: un juez o magistrado en comisión de servicios con relevación de funciones, un juez de adscripción territorial o un juez sustituto. La necesidad de esta medida será trasladada próximamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y, a partir de ahí, comenzará un proceso hasta que se apruebe.
Cuando el informe del CGPJ sea firme –algo que se producirá estos días porque nadie lo ha impugnado–, el juzgado deberá dirigirse a la Sala de Gobierno del TSJCV. Se trata del órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de la Comunitat y cumple tareas organizativas y administrativas.
Ésta tendrá que dar luz verde y, de ahí, se elevará al CGPJ para que lo apruebe. Pasado ese filtro, se solicitará al Ministerio de Justicia, que es el encargado de la dotación económica. Cuando todo eso ocurra y dependiendo de si es juez en comisión de servicios, de adscripción territorial o sustituto, se ofertará la plaza o se producirá un nombramiento directo.
La agencia enumera, en un informe remitido al juzgado, todas las irregularidades en la elaboración del convenio urbanístico y en la redacción del PGOU