El chalet que la Fiscalía acepta para bajar la pena de Blasco está embargado por el Tribunal de Cuentas

VALÈNCIA. El acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción para rebajar sustancialmente la petición de cárcel a Rafael Blasco y otros procesados por fraude en las subvenciones a ONG no garantiza la devolución de un solo euro del dinero presuntamente malversado. Ese pacto, que consistiría en rebajar la pena propuesta para el exconseller de dieciséis años de prisión a 2 años y medio en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, incluye una contrapartida económica que el procesado no puede hacer efectiva.

Tal y como publicó este periódico, a cambio de su confesión para evitar el juicio de las piezas 2 y 3 de este caso, la Fiscalía ha aceptado el chalet que Blasco, que ya está en la cárcel tras ser condenado en la primera pieza del caso, posee en Barraca de Aguas Vivas (Alzira). En realidad no es una reparación inmediata del daño causado sobre las arcas públicas, estimado por la acusación hasta en 4 millones de euros, ya que lo que el exconseller ofrece es poner en venta la propiedad, no eldesembolso automático del dinero.

Sin embargo, se trata de un bien del que Rafael Blasco no puede disponer actualmente porque se encuentra embargado por el Tribunal de Cuentas.

El exconseller fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 1,6 millones a la Generalitat por el desvío de subvenciones al Tercer Mundo

Tras una denuncia de la Generalitat para tratar de recuperar parte del dinero, el órgano fiscalizador condenó a finales de 2015 al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y a tres de sus altos cargos –Alexandre Catalá, Marc Llinares y Tina Sanjuán– a devolver a las arcas públicas 1,62 millones por el perjuicio económico causado con el fraude de las subvenciones a la Fundación Cyes. También fueron condenados el empresario César Augusto Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López.

Dada la condición de funcionario público de Rafael Blasco, el expediente de reintegro es instruido directamente por el Tribunal de Cuentas, no por la justicia ordinaria. Como es conocido a través de los diferentes autos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dictado para denegarle los permisos penitenciarios, el exconseller aún no ha devuelto el dinero, por lo que se le embargó el chalet de Aguas Vivas. 

Sin ir más lejos, la semana pasada el TSJCV le volvió a denegar el paso al tercer grado penitenciario para acceder a permisos con un auto en el que alertaba del "riesgo medio-alto de reincidencia" y dejaba constancia de que hasta hoy no ha realizado "el más mínimo intento siquiera para paliar las graves consecuencias económicas que para la administración pública determinó la actuación del grupo que dirigía".

A la vista de ese auto, resulta especialmente llamativa la sustancial rebaja de la pena que Anticorrupción ha ofrecido en las piezas pendientes de juicio, máxime teniendo en cuenta que el chalet que el procesado se ha ofrecido a vender para devolver el dinero ya está embargado por el Tribunal de Cuentas. A ello hay que añadir que el valor del bien tampoco alcanza a cubrir toda la responsabilidad civil que se estimó en la condena de la primera pieza.

La Generalitat estudia sumarse al acuerdo

Pese a que el pacto con Anticorrupción no garantiza recuperar el dinero saqueado, la Abogacía de la Generalitat aún está estudiando si se suma a la conformidad acordada, lo que dejaría a la Coordinadora Valenciana de ONGD sola en la acusación contra el exconseller y los otros 23 procesados en las piezas 2 y 3 del caso. Si las ONGD la mantienen, el juicio habría de celebrarse igualmente.

Según confirmaron las partes a Valencia Plaza, este lunes se celebró el encuentro con la Abogacía de la Generalitat que la Coordinadora reclamó la semana pasada tras enterarse del pacto con la Fiscalía y calificarlo de "inaceptable". La Coordinadora pidió a la Generalitat que no la deje sola como acusación contra los 24 procesados por las piezas 2 y 3 de este caso.

Un portavoz del Consell explicó a este periódico que la postura es la de no sumarse al acuerdo "de momento" al no estar garantizada la recuperación del dinero, pero la posibilidad de un pacto que evitaría el juicio está "en estudio.

Para convencer a la Abogacía de que no se sume al acuerdo, subrayó que el pacto no garantiza ninguna reparación económica para las arcas públicas porque los bienes aceptados por Anticorrupción para rebajar la condena ya están embargados. 

A cambio de la confesión, la Fiscalía habría planteado también facilitar su acceso a permisos penitenciarios a Blasco, condenado a 6 años y medio de cárcel por la primera pieza del caso Cooperación.

Cabe recordar que, de materializarse la sentencia de conformidad pactada por Anticorrupción, solo tres de los procesados serían condenados a más de 2 años de cárcel: el exconseller Blasco (2,5 años), Cesar Augusto Tauroni (2,5 años) y Llinares (2 años y tres meses). El resto tendrían penas inferiores o, incluso, el sobreseimiento.

Pues bien, a cambio de ello Tauroni ha ofrecido poner a la venta inmuebles en Miami y un yate que ya están embargados por el TSJCV por su condena en la pieza primera del caso, en la que aún quedan pendientes de recuperar casi 2 millones de euros. 

Marc Llinares, por su parte, ha ofrecido poner a la venta una vivienda en Dénia que ya tenía embargada en las piezas 2 y 3. Se da la paradoja de que, además de ese inmueble, el acusado también tenía embargado en estas dos piezas otro inmueble en Xixona, por lo que el acuerdo con la Fiscalía le resultaría, a juicio de la Coordinadora, "altamente beneficioso" al liberarse este segundo bien.

En el momento de su procesamiento, la Abogacía de la Generalitat solicitó más de 170 años de cárcel para el conjunto de los procesados por las irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití. A juicio de la Generalitat, habrían actuado como "grupo criminal".

A Blasco le pedía 17 años y 6 meses de cárcel; a César Augusto Tauroni, 22 años y 6 meses; y a Marc Llinares, 16 años de prisión. 

Además, la Generalitat les reclamó más de 8 millones de euros por responsabilidad civil: 5 por el daño patrimonial causado y el resto por "daño moral".

"Si se reconoce una reparación 'estricta' del daño económico causado, sin indemnizar la afectación de otros intereses como la imagen institucional y el desprestigio causado en el ámbito de las ayudas a la cooperación, se genera un incentivo perverso para seguir delinquiendo", dijo entonces la Abogacía de la Generalitat. En los próximos días se comprobará si, un año después, está dispuesta a conformarse sin esa reparación.