VALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado un tirón de orejas a la Conselleria de Sanidad por hacer 'corta-pega' de varios informes de impacto en sus leyes. Así consta en el dictamen del ente consultivo sobre el proyecto de decreto del Mapa Sanitario de la Comunitat Valenciana impulsado por la conselleria que dirigía Carmen Montón.
"Este Consell Jurídic ha constatado que, en este y otros proyectos procedentes de la Conselleria de Sanidad y salud pública, los preceptivos informes sobre el impacto de género, el impacto en la protección del menor y la adolescencia, en la familia e incluso el de repercusiones informáticas, son todos ellos idénticos", recoge el CJC en el informe.
Todos ellos suscritos por el director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, suponen una "declaración ritual" en la que, según el órgano consultivo, ni siquiera se abordan cuestiones relativas al objeto del proyecto.
"Los informes sobre el impacto de género, sobre el impacto en la infancia y en la adolescencia y sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por los órganos de la Administración especializados y competentes en la materia", recoge. Sin embargo, se copiaban para cada norma en vez de realizarse a medida.
Evidentemente, destaca que para que estos informes resulten efectivos deben contener una serie de datos que permitan el análisis de la situación en el ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. Una vez reunida esta información, se podría determinar si la norma tiene impacto positivo o negativo, y en el caso negativo, poder adoptar medidas. De la forma en la que se realiza desde Sanidad no cumplen su función.
Al margen de este reproche, también aparecen otras consideraciones esenciales en el dictamen de la institución. Por ejemplo, que el Consell no ha dado voz para opinar al Comité de Pacientes de la Comunitat Valenciana, que fue creado por un decreto del Consell en 2015, ni de ninguna asociación de consumidores y usuarios.
No consta el parecer del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana, que es el órgano colegiado superior de carácter consultivo y de participación ciudadana en el Sistema Valenciano de salud. El CJC también reprocha que no existe ningún informe de algún centro directivo competente en materia de función pública o de personal, ni siquiera el órgano competente en materia de recursos humanos de la misma conselleria de sanidad, como tampoco consta que la disposición haya sido objeto de negociación sindical.