El cobro del IBI a las actividades lucrativas de la Iglesia, bloqueado en València

VALÈNCIA. Ha caído en saco roto la decisión del Ayuntamiento de València de empezar a girar recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales dedicados a actividades lucrativas propiedad de la Iglesia. Ninguno de los que se emitieron desde la concejalía de Hacienda ha sido abonado hasta el momento y no parece haber demasiada esperanza en que esto se vaya a producir. Y menos en los tiempos que corren.

El gobierno municipal anunció a mediados del pasado mandato su absoluta determinación para conseguir que el Arzobispado de València y las órdenes religiosas pagasen el gravamen que abona todo hijo de vecino propietario de un inmueble. No se trataba de pasar el cepillo por los edificios de culto, sino por aquellos dedicados a otros fines como el educativo, el sanitario, u otros similares que supongan una actividad económica desligada de la estrictamente espiritual y que, además, pueden corresponder a sectores en los que la exención del IBI podría considerarse una suerte de competencia desleal respecto al resto de actores.

Es la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos -también conocida como Ley de Mecenazgo- la que exime del pago del IBI a los edificios cuya titularidad sea de entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra la Iglesia. También el Concordato de España con la Santa Sede recoge las exenciones fiscales en este sentido. El que fuera edil de Hacienda el pasado mandato, Ramón Vilar, previó que en 2018 podría empezar a exigirse esta obligación tributaria a los negocios de la Iglesia después de que a nivel estatal se modificase la normativa. Tarea que, sin embargo, todavía sigue pendiente.

Por eso la idea no se llegó a ejecutar entonces. Durante ese tiempo, los técnicos municipales estuvieron elaborando un listado de aquellas propiedades de la Iglesia susceptibles de entrar en la matrícula efectiva del IBI, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, las instalaciones la Universidad Católica, al que le corresponderían unos 51.000 euros por este impuesto. También la Casa de la Salud, que pertenece a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y a la que corresponderían dos recibos de 196.000 euros, como publicó este diario.

Los técnicos municipales de la Hacienda consistorial calcularon que el montante total que el Ayuntamiento podría recaudar en concepto de IBI por todos los edificios lucrativos de la Iglesia en el Cap i Casal asciende a unos dos millones de euros aproximadamente. Sin embargo, hasta la llegada de la pandemia, la concejalía sólo había conseguido esclarecer el uso lucrativo de seis inmuebles, contando también espacios con actividad lucrativa pero que pertenecen a edificios o instalaciones de otra índole. En este caso, la previsión del cobro efectivo en ese momento era de un millón de euros.

En 2019 se emitieron a modo de 'globo sonda' dos recibos que previsiblemente entraban en las mencionadas categorías, según explican fuentes del departamento que ahora lidera Borja Sanjuán, pero no se han llegado a cobrar. Y ya en 2020 se querían emitir hasta seis recibos más en la campaña de marzo, tal y como se anunció a principios de año, pero de ello no ha habido más noticias. Se podría decir, por tanto, que la cuestión permanece estancada, especialmente tras el estallido de la pandemia de coronavirus precisamente en marzo del pasado ejercicio, que ha trastocado sobremanera toda actividad municipal.

A la postre, en este contexto, la disputa del IBI de la Iglesia no parece estar entre lo más urgente a atender en el consistorio, tal como explican fuentes del departamento de Hacienda. Sin embargo, sí señalan la voluntad de retomar el proceso en cuanto se haya superado la pandemia de coronavirus. En este sentido, el Ayuntamiento vuelve a encomendarse a una-necesaria- revisión de la legislación y explorará las posibles vías a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

En la FEMP, de hecho, ya existe un grupo dedicado a esta cuestión, pero cuyos resultados materiales no se han hecho notar en exceso. En todo caso, el Gobierno de Pedro Sánchez manifestó la anterior legislatura su voluntad de caminar en este sentido, y ya a mediados del año pasado, la vicepresidenta del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, Carmen Calvo, trasladó a la Conferencia Episcopal la necesidad de revisar la fiscalidad recogida tanto en el Concordato como en la referida normativa. Gobierno e Iglesia, de hecho, acordaron crear un equipo negociador.