Que la libertad es uno de los derechos fundamentales de las personas, está más que claro. Que una de las dimensiones para ejercer la libertad, consiste en poder decir lo que pensamos y manifestarnos a través de los medios de nuestra elección, también se deja por sentado. Tan universal es este principio, que no solo es recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que promulga la UNESCO, sino que es recogida por diversos textos, como la Constitución de nuestro país.
Pero este derecho va más allá de poder decir lo que quieras. Pues, para ejercer una verdadera libertad, debes contar con dos garantías fundamentales: Que puedas acceder a los medios adecuados para expresar tus opiniones, y que tengas acceso a ellos para contrastar opiniones y criterios. Por ello, la libertad de expresión se asienta en el hecho de poder decidir sobre cómo informarnos y educarnos.
El tema de las libertades es bastante complejo, y en una sociedad relativamente democrática, las personas deben recibir la educación adecuada para participar del debate público. Esto, con el fin de que las futuras generaciones sean más críticas con respecto a la información que reciben, y que de forma intelectual puedan desmontar los discursos que las clases gobernantes quieran imponer.
Y es allí, donde hablamos de las limitaciones que se han impuesto en diversas regiones autónomas con respecto a la asignación de matriculación del alumnado. El hecho de que las administraciones autonómicas sean las encargadas de distribuir las plazas en los centros educativos, teniendo como criterio la cercanía con respecto al centro de estudio, no solo atenta contra el derecho a la libertad de elección, sino que es un absurdo y un atentado contra el interés superior del niño.
Bajo la excusa de que las instituciones autonómicas son responsables de la administración de los recursos educativos, se limita el derecho de los padres y madres a escoger el centro educativo de su preferencia. Y es que, ¿quién no desea que sus hijos tengan la mejor educación posible? Y no solo se trata de recursos, sino de articular diferentes opciones pedagógicas en los diferentes centros de la red pública y concertada.
Por otra parte, el hecho de que los padres se vean limitados en cuanto a la elección de los centros educativos atenta contra el artículo 27 de la Constitución española. Y es que, por alguna razón, se estableció la libertad de elección de centro escolar: Además de garantizar una educación plural, libre de prejuicios y no limitada por las elecciones partidistas, se garantiza que los ciudadanos puedan ingresar al sistema educativo en igualdad de condiciones.
Las administraciones autonómicas deberían, idealmente, limitar sus competencias en el ámbito educativo. Si bien es cierto que los ciudadanos le otorgamos potestad con respecto a la administración de los recursos, a los que todos contribuimos a través de los impuestos, no menos cierto es que no son dueños de una licencia que les permita tomar decisiones no consultivas.
¿Por qué deben existir limitaciones a la hora de escoger el centro escolar de tus hijos? ¿Cómo se explica que solo puedas seleccionar centros cercanos a tu vivienda, de acuerdo con el código postal de tu barrio? Se pretende que el alumno esté en un entorno cercano a su hogar. Pero, ¿no es la educación el medio a través del cual socializamos y aprendemos a acercarnos a otras personas? Nuestros estudiantes tienen derecho a conocer otras realidades, a adaptarse a otros entornos y conocer personas con visiones diferentes que nutran su aprendizaje para la vida.
Foto: KIKE TABERNER
El discurso de quienes defienden la zonificación de la educación mediante códigos postales, va en contra de los principios que, como sociedad, deberíamos tener. Actualmente se pretende que atendiendo al derecho de las comunidades autónomas para tomar sus propias decisiones en materia educativa mantener una postura que atenta contra la libertad de elección de los padres y madres.
La planificación educativa debería contar con los suficientes recursos para garantizar el acceso a la educación de todos, por igual. Estamos de acuerdo en que hay razones válidas por las cuales la asignación de plazas en los colegios se hace así: para evitar que existan centros con mucha demanda y otros queden desiertos, lo que provoca un desajuste en la distribución de los recursos para garantizar el servicio educativo.
Pero, por otra parte, aunque existe la buena intención esto no ha logrado que las injusticias sociales se desdibujen. Siguiendo el criterio de las reformas acogidas por la normativa actual, eliminan toda posibilidad de elección de centro educativo. El poder ha quedado en manos de las comunidades autónomas. Lo que, como consecuencia, ha traído una concentración de los jóvenes provenientes de los sectores menos favorecidos en determinados centros. Lejos de romper con la exclusión y trabajar por construir un sistema educativo abierto, la normativa vigente actual promueve la discriminación.
Una gran parte de la sociedad está de acuerdo en que la educación debe ser inclusiva y participativa. Teniendo esto en cuenta, es posible entender las manifestaciones que se han generado en contra de las reformas implantadas en algunas comunidades autónomas. Los ciudadanos reconocen la libre elección como parte de las garantías constitucionales sobre las cuales reposa el estado de derecho de nuestra nación. Y es que, en una sociedad más justa que la que tenemos hoy en día, la educación es reconocida como el medio para la superación personal, al que las personas pueden acceder sin mayores limitaciones que las propias de la realidad: Capacidad de plazas disponibles en el centro, evaluación de la calidad educativa, recursos disponibles y disposición a brindar un servicio de calidad.
El problema de la asignación de plazas puede resolverse a través de diferentes mecanismos: Modificación de los baremos de acceso, dejar que los centros de estudio establezcan criterios para aceptar a sus estudiantes, diversificar la oferta educativa a través de modalidades lingüísticas y diferentes modelos pedagógicos en los centros educativos. Lo que falta, es establecer medidas para que los padres/madres, centros educativos y administradores se pongan de acuerdo y definan un criterio claro y uniforme.
En resumen, la libertad de elegir el centro educativo implica que cada familia tenga la posibilidad de escoger la mejor educación que pueda brindarle a sus hijos. Se puede pensar en diversificar la oferta de metodologías pedagógicas y/o modelos lingüísticos a fin de que los colegios puedan ser elegidos en virtud de la calidad de sus programas de estudio educativos.
La administración educativa puede mantenerse dentro de su rol de supervisor del derecho a la educación, garantizando el adecuado uso y distribución de los recursos. Las familias, en consecuencia, tendrían la garantía de que el servicio brindado corresponde a los más altos estándares de calidad, y los padres podrían escoger la educación que esté en consonancia con sus valores e intereses.
Pedro Adalid es doctor en educación y profesor universitario de Políticas de Calidad Educativa y Planes de Mejora.
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