VALÈNCIA. Como formación del Botànic encargada de fiscalizar con mayor ahínco el funcionamiento de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Podemos presentó en solitario la enmienda a la ley de Acompañamiento de 2018 que proponía que el comité de empresa de À Punt no tuviera representantes en el Consejo Rector de la Corporació. Un texto que PSPV y Compromís no secundaron antes de que se registrara. Sin embargo, tras los acercamientos y concesiones a los morados en sus peticiones a los Presupuestos, los dos partidos que integran el Consell cambiaron de postura. Ambos apoyaron la propuesta en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.
La enmienda de Podemos comportaba cambios significativos en la ley de Servicio Público de Radiodifusión y Televisión que los grupos parlamentarios aprobaron en julio de 2016. En concreto, modificada el artículo que reservaba un 10% de representación de los trabajadores de la nueva radiotelevisión valenciana en el Consejo Rector, formado por 10 miembros. Actualmente, está compuesto por cinco representantes a propuesta de los grupos parlamentarios, dos designados por el Consell del Audiovisual, uno vacante que debe nombrar el Consejo de la Ciudadanía, el presidente de la Corporació, Enrique Soriano, y un representante de los trabajadores.
Este artículo señalaba que hasta que se conformara la nueva plantilla, tanto de la Corporació como de la Societat Anonima de Mitjans de Comunicació, la vacante quedaría ocupada por una persona propuesta por las organizaciones sindicales más representativas en el sector público instrumental de la Generalitat. Es decir, CCOO, UGT e Intersindical. Así, el puesto sería rotatorio cada seis meses entre un miembro de cada uno de estos tres sindicatos.
Con la ley de Acompañamiento del próximo ejercicio, la formación morada solicitó que esta solución provisional se consolidara. Y a pesar de que las bolsas de trabajo ya están resueltas, la radio y la plataforma web ya están en marcha y la televisión se prevé que inicie las emisiones en pruebas el próximo mes de marzo, serán estos tres sindicatos los que seguirán ocupando un puesto en el Consejo Rector de ahora en adelante.
Pero no sólo eso. La enmienda de Podemos también eliminaba la incompatibilidad de ser miembro del Consejo Rector y, a su vez, ostentar un cargo de alta dirección en las organizaciones sindicales. En el artículo 15 de la norma que recoge las incompatibilidades a las que están sujetos los miembros del Consejo Rector, Podemos suprimía el apartado referido a los "cargos de elección con el ejercicio de alta dirección en organizaciones sindicales". Si bien mantenían la condición incompatible de ser miembro de Les Corts, Consell o alta dirección en partidos políticos y, a la vez, pertenecer en el Consejo Rector, pedían que las fuerzas sindicales sí pudieran tener un cargo de responsabilidad en sus organizaciones y, al mismo tiempo, en la CVMC.
La redacción aprobada, de hecho, solucionaba situaciones como la que tuvo lugar el pasado mes de abril. En ese momento, estuvo a punto de peligrar la elección de Empar Marco como directora general de la CVMC, ya que la incompatibilidad de Lola Navarro –miembro del Consejo Rector en representación de UGT- mientras ocupaba la secretaría general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, podría haber invalidado su voto. Una cuestión nada baladí porque fue el que permitió que se alcanzara los dos tercios requeridos para permitir la elección de Marco.
La aprobación de la enmienda de Podemos, además, supone que otras centrales sindicales como CSIF -que en la antigua radiotelevisión tenía un peso determinante- queden fuera del Consejo Rector.
La Unió de Periodistes pide la suspensión cautelar
Por su parte, la Unió de Periodistes presentó este lunes el recurso contencioso administrativo contra el baremo de las bolsas de trabajo temporales de À Punt. Una decisión que se adoptó en la asamblea del pasado 18 de noviembre en la que los asociados votaron, además, solicitar la suspensión cautelar del proceso de selección de personal en los tribunales al entender que el sistema de puntuación no respetaba "el principio de igualdad".
Esta medida podría suponer no solo que el juez dictamine la paralización de la bolsa, sino que también podría retrasar la puesta en marcha de la nueva televisión pública. La Corporació Valeciana de Mitjans de Comunicació podría sortear este obstáculo, no obstante, si convocara oposiciones y, en caso de que la sentencia resultase favorable para la Unió, se tendría que repetir la creación de la bolsa de empleo con un nuevo baremo "menos discriminatorio".
El Consejo Rector de la CVMC. Foto: KIKE TABERNER
