VALENCIA. El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los operadores privados de agrios, califica de "desproporcionadas" las multas de hasta dos millones de euros propuestas por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana por las supuestas irregularidades cometidas en la campaña de recolección de cítricos.
Al mismo tiempo, mediante un comunicado, el CGC lamenta el "uso político" por parte del Consell de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ha trasladado una idea distorsionada del sector cuando en el fondo lo que subyace en los expedientes es una diferencia en la interpretación de los sistemas retributivos a aplicar: los inspectores dicen tener indicios para considerar que se tenía que haber pagado 'a destajo' (por kilos) y las empresas estiman que debía hacerse a jornal. Sin embargo, ésta última fórmula es la que el propio convenio, atendiendo a las circunstancias tasadas, considera en la práctica como preferente o más habitual.
A juicio del CGC, cuyo posicionamiento a este respecto fue respaldado el miércoles en asamblea, el recurso a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT's) que ahora también parece que se censura, es muchas veces necesario dada la imposibilidad de los operadores de poder asumir la carga burocrática que supone la contratación de recolectores, casi siempre de origen inmigrante. Como es conocido, las labores de recolección están a expensas de factores tan aleatorios como el clima y tensadas en sus plazos por los repuntes puntuales de la demanda y la premura propia del trabajo con productos perecederos. Sólo el control de la identidad del recolector, cuando una semana se coge igual en Tarragona y a la siguiente en Huelva, ya supone una dificultad administrativa extrema.
La comercialización se concentra, además, en muy poco tiempo: en tres meses -de noviembre a enero- se exporta casi el 45% del conjunto de la campaña, porcentaje que se eleva al 60% si considerásemos sólo las mandarinas, que además exigen de más mano de obra que las naranjas. Los recursos humanos de los operadores, como parece lógico, se concentran en esas fechas en la atención comercial al cliente, en la confección, manipulado y la logística. Sólo así se puede lograr dar salida a los más de 174.000 camiones cargados de cítricos y otros tantos miles de contenedores marítimos que generan un volumen de exportaciones de en torno a 3.100 millones de euros, de los que unos 2.250 corresponden al mismo comercio privado de agrios que ahora se penaliza.
Según destaca el CGC, esas circunstancias no implican -en las actuaciones concretas que ha iniciado la Inspección de Trabajo- que se haya conculcado la legalidad en la contratación de ETT's pero que sí conviene recordar para así matizar las críticas que desde los sindicatos de clase se suelen realizar de forma caprichosa por recurrir a estos servicios. Actitud que no dista mucho de la demostrada en la práctica por la propia Inspección de Trabajo en sus últimas actuaciones.
Tras analizar algunos de los casos abiertos, su modo de proceder es cuanto menos dudoso: se han valido de cualquier defecto en la formalización de los contratos o en la elección de la modalidad del mismo (por ejemplo, si se suscriben contratos eventuales, por obra o servicio) para concluir que esa contratación es, directamente, fraudulenta, señala la organización.
A partir de ahí, asegura, han llegado las sanciones "en cascada", primero por no pagar los salarios -con arreglo a su particular modo de calcularlos-; segundo por supuestas irregularidades en las liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y finalmente por la también dudosa cesión ilegal de mano de obra. Interpretaciones que no hacen sino incrementar de forma "desproporcionada" el montante de las sanciones.
El CGC discrepa también del modo de actuar de la Inspección de Trabajo -que también valida el propio Consell- sobre la contratación por obra o servicio determinado, fórmula que recientemente fue ratificada en su legalidad por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana frente al recurso interpuesto por CCOO. A este respecto, la organización citrícola matiza que en otros convenios -como muchos de los aplicados en Andalucía- consideran la temporalidad de cada campaña como causa suficiente para justificar la contratación a través de ETT's mediante esta fórmula contractual. De igual manera y más allá de que puedan producirse casos puntuales de explotación -que no encajan con la forma de trabajar de los asociados de esta entidad y que esta patronal anima a la Administración a perseguir- el CGC lamenta que la publicidad dada a los expedientes abiertos a sus miembros estén proyectando una imagen "irreal" de lo que en la práctica son en buena parte conflictos derivados de las diferencias de interpretación en los rendimientos, las calidades y la diligencia exhibida en la recolección.
En idéntico sentido, el Comité advierte de la posible confusión de la Inspección entre el sistema de pago de la empresa usuaria a la ETT y el que se debe aplicar a los propios recolectores. En cuanto al primero, parece evidente que el abono por sus servicios podría realizarse de cualquiera de las maneras que permite el Derecho, por ejemplo, según los kilos recogidos. Escoger tal opción de pago no implicaría necesariamente que ésta -la ETT- tuviera que extender tal sistema a sus trabajadores temporales: el hecho de que la empresa pague por kilos no obliga a la ETT a abonar a los recolectores de la misma manera.
Por último, el CGC recuerda que el actual convenio de Collidors fue pactado -como el anterior- bajo amenaza de huelga, el 24 de noviembre de 2014, justo en el momento álgido de la campaña. Que el referido acuerdo es una "singularidad", una "concesión" de los operadores privados y asociados que, al contrario que en el resto del país, que en otros cultivos y zonas productoras incluso de otras latitudes, implica que éstos se hagan cargo de la recogida para así atender al minifundismo y a la falta de dimensión de la mayor parte de explotaciones de la Comunitat. Que, más allá de tal cesión -que el CGC no cuestiona- el convenio supone una "seria desventaja competitiva" de la citricultura valenciana sobre la del resto del país y sobre el conjunto del sector hortofrutícola, que se rige por convenios agropecuarios cuyos salarios son un 30% más bajos que los valencianos (7,04 euros/hora por los 10.14 euros/hora para recolección).
