Hoy es 14 de octubre
VALÈNCIA. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó este martes el pliego de condiciones para la gestión de los 700 amarres de La Marina de València. Un proceso que llevaba pendiente desde 2016, después de que la Comisión Europea diera la razón a una denuncia de un puerto deportivo privado por competencia desleal al considerar que las ayudas recibidas del Estado por la dársena permitían que sus precios fueran más reducidos.
El espacio náutico afectado estaba cedido al Consorcio Valencia 2007. Pero al hallarse el ente en proceso de liquidación, la secretaría de estado de Hacienda, que era la representación estatal en el consorcio, instó en su día al Puerto a sacar el concurso. Así, la APV recuperó el enclave y era la autoridad comptente para lanzar el concurso.
Así, en el consejo de ayer martes, al que asistió la alcaldesa de València, María José Catalá, el órgano directivo acordó que los amarres -hasta ahora gestionados por el Consorcio Valencia 2007- por la ocupación de las instalaciones naútico-deportivas de la zona norte de La Marina se adjudicarán por un plazo de
35 años prorrogables en dos periodos hasta 50 años.
Pero no será la única novedad que incluirá la letra pequeña del concurso que se dará a conocer el próximo jueves. Las bases también incluirán una cláusula para obligar al futuro adjudicatario a "colaborar con aquellos eventos deportivos que para la ciudad sean trascendentales, como puedan ser concretamente la Copa América", según detalló Catalá. "Eso se materializaría al ceder a la Autoridad Portuaria la superficie de tierra y agua necesaria para la realización del evento", explicó la primera edil. O lo que es lo mismo, reservar un espacio para el posible retorno de las regatas que, por lo pronto, el próximo año tendrán lugar en Barcelona.
En la cita también se actualizó el presupuesto de la ampliación del Puerto, que pasa de 542 millones a 660, un 21,8% más. Además, se dio el visto bueno a un acuerdo sobre el mantenimiento de los títulos otorgados por el Consorcio en espacios de dominio público portuario. "Firmamos un acuerdo por el que garantizamos que se mantengan en la situación en la que se encontraban hasta la fecha de vencimiento, con la fecha y títulos que se acordaron... Damos seguridad y tranquilidad a todos los concesionarios que tenían una situación de indefinición", explicó Catalá. De esta manera, las concesionarias continuarán en la situación en la que se encuentran hasta la fecha de vencimiento de su adjudicación.
Por su parte, la presidenta del Puerto, Mar Chao, quiso subrayar en la rueda de prensa que en los pliegos se han querido "primer criterios cualitativos frente a cuantitativos" con la idea de que el futuro adjudicatario sea aquel que proponga el mejor proyecto para la ciudad.
"No se ha buscado maximizar los ingresos del puerto, sino los beneficios para Valencia. Aquí no se está privatizando nada porque siguen siendo de dominio público portuario. Lo que estamos haciendo no es diferente a lo que ya se hace en otros puertos como es el caso de Barcelona. Esto simplemente es un pliego para una concesión de instalaciones náuticas", puntualizó en una rueda de prensa en la que únicamente se abordó la disolución del Consorcio Valencia 2007 y la futura gestión del espacio.