El conflicto por la ampliación portuaria de València abre el 'melón' sobre la reforma de la Ley de Puertos

VALÈNCIA. Este miércoles se cierra el plazo para presentar alegaciones al proyecto del grupo MSC para la ampliación del Puerto de Valencia. Ya lo han hecho tanto el Ayuntamiento de València como la Comissió Ciutat-Port, quienes han solicitado al Puerto, como han venido reclamando durante los últimos meses, una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al considerar que el actual proyecto ha sufrido una modificación sustancial respecto al de 2007, fecha de la última DIA.

Además de ello, la Comissió Ciutat-Port -plataforma integrada por diferentes colectivos como Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acció, l'Associació de Veïns Natzaret y la Plataforma El Litoral Per al Poble- ha alegado contra el proyecto por la falta de información, la posible distorsión de la libre concurrencia en los pliegos administrativos y la potencial "subvención encubierta" a MSC, como adelantó Valencia Plaza.

No obstante, más allá de cómo finalice este proceso -la Comissió ya ha adelantado que si se acaba consumando la adjudicación del proyecto a MSC en los términos actuales, la llevarán a los tribunales-, la ampliación del Puerto de Valencia ha suscitado un debate que, si se encontraba latente hasta el momento, ha emergido con no poca fuerza: quién manda o quién debería mandar en la Autoridad Portuaria y concretamente en el Consejo de Administración, que en València preside Aurelio Martínez. O en el lenguaje de quienes se oponen a este proyecto: "quién controla al Puerto".

Es lo que plantearon los miembros de la mencionada plataforma este martes en la presentación de sus alegaciones. "¿Cómo es posible que en el Consejo de Administración del Puerto, el Ayuntamiento sólo tenga un puesto?", se preguntaban ante los medios. Desde la perspectiva de la Comissió, los gobiernos municipales de las localidades portuarias deberían contar con mayor representación en los órganos de decisión de sus respectivas Autoridades Portuarias dado que en ella se toman "determinadas decisiones que afectan fundamentalmente al municipio en el que se encuentran", como es el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia.

Es una deficiencia, a ojos de los recurrentes, que es preciso solucionar mediante una reforma de la legislación estatal: la Ley de Puertos del Estado. Uno de los puntos clave en este cambio es, precisamente, la introducción de una mayor presencia de los consistorios en las Autoridades Portuarias. Huelga recordar que Compromís y sus dirigentes del gobierno municipal de València, especialmente el alcalde de València, Joan Ribó, han sido los más batalladores en la ciudad contra esta ampliación, sin éxito alguno hasta el momento.

En este sentido, también te pretende reforzar a los gobiernos autonómicos en los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias. "No es de recibo que la Generalitat Valenciana tenga una política territorial concreta, que el Puerto haga cosas contrarias a dicha política, y que no haya manera de pararlo", subrayaba a este extremo el portavoz de la plataforma Per l'Horta, Josep Gavaldà. "Ahora mismo, los puertos hacen y deshacen como quieren; dentro de su recinto hacen lo que les da la gana", decía Gavaldà, para incidir en que, en caso de conflicto entre el Ayuntamiento y el Puerto, "éste se dirime en el Consejo de Ministros".

Otro aspecto que proponen en este nuevo paradigma es hacer que los espacios del Puerto que no tengan un uso portuario pasen a manos del Ayuntamiento de dicho municipio. Sin ir más lejos, un ejemplo reciente sería la parcela de 15.000 metros cuadrados del barrio del Cabanyal cuya cesión ha pedido el consistorio a la Autoridad Portuaria para incluir estos terrenos en el Plan Especial del Cabanyal (PEC).

Se trata de cambios que no se antojan veloces. Por el momento, se está constituyendo una coordinadora en la Comunitat Valenciana con el propósito de elaborar una propuesta de modificación legislativa que cambie el modelo de gestión en los organismos portuarios, así como su relación con la ciudad a la que pertenecen. La intención es tejer complicidades con plataformas similares en todo el estado, algo que ya se está construyendo con organizaciones de Alicante, donde algunas actuaciones del Puerto también han suscitado controversia.

Más adelante, se mira a otros lugares como Barcelona. El propósito final es elaborar una propuesta formal de cambio de la Ley de Puertos y hacer llegar el documento a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para dar salida a este planteamiento. "Queremos que este Gobierno modifique la ley de Puertos para que no sea tan colonial: no puede seguir ocurriendo que el Puerto haga y deshaga controlado desde Madrid", fueron las palabras de Gavaldà.

Asimismo, hay que resaltar que estos planteamientos ya se pusieron sobre la mesa el pasado año en unas jornadas celebradas en La Marina. Allí, representantes municipales de València, Sagunto, Gandía, Alicante, Barcelona y Bilbao, entre otros. De hecho, el Consorcio València 2007, gestor de La Marina, dijo estar diseñando un documento base para suscribir un manifiesto conjunto entre las ciudades portuarias para cambiar la legislación y "abrir estos espacios [los puertos] a las ciudades". Y así lo recordó este martes el representante vecinal de Natzaret, Julio Moltó.

Las alegaciones al proyecto de ampliación del Puerto de València

En el documento de alegaciones presentadas ante la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre el proyecto de ampliación, la Comissió recoge que en el expediente sacado a exposición pública faltan documentos fundamentales para poder examinar el proyecto al completo. Esto, alegan, "limita el ejercicio efectivo del derecho a efectuar las alegaciones" porque "se hurtan al escrutinio público actuaciones esenciales del expediente".

Así, como había publicado este diario este lunes, la plataforma alega que los pliegos de condiciones favorecían a unas operadoras frente a otras en el concurso público y limitaban la libre concurrencia de las empresas. En los pliegos, se incluían beneficios para aquellas operadoras que ya trabajan en el Puero de Valencia, como lo es MSC, la única que ha presentado proyecto. Así, los pliegos señalaban que si la concesionaria definitiva era una de estas empresas, el Puerto le abonaría el 80% de las inversiones realizadas en obras e instalaciones no desmontables en su actual terminal, facilitando así el traslado de la actual terminal a la nueva sin que supusiera un elevado coste para la empresa en cuestión. Algo que en la Comissió consideran que se trata de una "subvención encubierta".

Asimismo, el texto entra en otras consideraciones de carácter ambiental y subraya, por otro lado, que el nuevo proyecto incumple el Plan de Infraestructuras del propio Puerto, así como la delimitación de espacios y usos. "Las nuevas obras y, en especial la prolongación del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso -reza el texto- invaden las aguas exteriores", y explican que sería necesario un nuevo Plan Director de Infraestructuras. Instrumentos que precisan de una evaluación ambiental.

Nueva DIA por "cambios sustanciales"

En la plataforma lamentaron que la APV no hubiera contestado a las primeras alegaciones que presentó hace dos meses y que no les haya facilitado "documentos esenciales" como el proyecto primogénito de 2006 que tiene Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007. En todo caso, por lo que conocen del proyecto constructivo inicial y de este último de 2018, aseguraron que se han hecho "modificaciones sustanciales" que, "como mínimo", requieren una nueva evaluación ambiental, dado que la existente se basa en la legislación que estaba en vigor entonces, de 1986, pero la normativa ha cambiado y en aquellos años no se tenía en cuenta la "emergencia climática".

Entre las principales modificaciones, la Comissió Ciutat-Port advirtió sobre el aumento de los dragados necesarios para que pasen barcos de gran calibre, que ascienden a 21,3 millones de metros cúbicos, 14 veces más que en el proyecto de 2006, que contemplaba 1,5 millones. A esto se suma el canal de acceso que tampoco se recogía antes y que el proyecto supone la demolición del contradique norte, de 1.036 metros, y el cambio de configuración de muelles y explanadas. Así, el cambio de usos de la terminal acerca la de cruceros al barrio de Nazaret, con la "contaminación" que acarreará, señalaron.

El Consell espera que el Puerto cambie el proyecto

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, aseguró este martes al respecto que desde la administración autonómica esperan que el Puerto de València esté dispuesto "a cambiar" y a "mejorar todo su proyecto" de ampliación y explotación para conseguir una infraestructura "cada vez más sostenible y más integrada en la ciudad".

Tras asegurar que el Consell ha hecho "las oportunas consideraciones" a través de la Conselleria de Medio Ambiente, deseó que el Puerto "estudie con calma" todas las alegaciones presentadas, pues algunas son, a su juicio, "muy oportunas". "Es el momento de que el puerto escuche", dijo, para continuar asegurando que es deseable que valore todas las alegaciones "en su conjunto", seleccione "las que sea", y esté "dispuesto a cambiar y mejorar todo su proyecto para conseguir que el puerto sea cada vez más sostenible y más integrado en la ciudad".