VALÈNCIA. El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía, que entre otras cuestiones contempla la posibilidad de que los municipios puedan establecer una tasa municipal por tener una mascota.
La norma que ahora inicia su trámite parlamentario en les Corts prevé la creación de un registro de personas y entidades inhabilitadas judicialmente por maltrato a los animales para evitar que personas o asociaciones penadas por mala praxis puedan volver a gestionar núcleos zoológicos.
La creación de este mecanismo coincide con el planteamiento del Gobierno central de impedir que se puedan mantener malas prácticas con los animales mediante el traslado del núcleo zoológico de una autonomía a otra, destaca la Conselleria de Transición Ecológica en un comunicado.
La ley prevé también la prohibición del uso de los animales como regalo, premio o reclamo publicitario. La educación agresiva, la atadura permanente y los espectáculos circenses con animales salvajes también estarán prohibidos. El texto da rango de ley a la prohibición de los circos con animales y a la tenencia de animales salvajes como animales de compañía.
El texto, elaborado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, es pionero a nivel estatal e impide que se siga tratando como objetos a los animales de compañía.
La ley les reconoce como seres sensibles, establece el sacrificio cero y regula la tenencia responsable que hace referencia a las condiciones de vida digna del animal: atención, supervisión, cuidados, condiciones higiénico-sanitarias, espacios así como alimentación y bebida suficiente y conveniente para su desarrollo.
El nuevo marco legislativo contempla la prevención del abandono y la esterilización son pilares del control poblacional que tienen un importante aliado en el refuerzo de la educación y la concienciación social para garantizar un trato digno de los animales de compañía.
El nuevo marco legislativo integral se articula en torno al refuerzo de la acción de las administraciones en la tutela de los derechos de los animales de compañía, las obligaciones de las personas responsables para garantizar el cumplimiento de esos derechos y en la concienciación social a través de la formación y educación en favor de una conducta cívica y compasiva.
Otra novedad importante es el reconocimiento de las casas de acogida que supone un reconocimiento más flexible y adaptado a los tiempos frente a los Núcleos Zoológicos de los Animales de Compañía.
El régimen sancionador endurece las multas que pueden ascender hasta los 45.000 euros y que tendrán un carácter finalista: deben destinarse a actuaciones de protección de los animales.
El proyecto de ley, que sustituye a la Ley 4/1994 del 8 de julio, brinda amparo legal a prácticas dentro del ámbito municipal como la creación de fórmulas públicas de adopción o la regulación del número de animales de compañía por vivienda con la suficiente flexibilidad y proporcionalidad.