VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Hacienda ha lamentado que el Ministerio de Hacienda no haya atendido hasta la fecha la petición de un anticipo de 410 millones de euros con cargo a la liquidación del modelo de financiación correspondiente al ejercicio de 2015 que el Gobierno ha de abonar a las comunidades en julio y que, en el caso de la Comunitat Valenciana, asciende a 1.538 millones.
La solicitud la cursó por escrito el propio conseller de Hacienda, Vicent Soler, el pasado 31 de mayo y tenía por objeto atender pagos pendientes para los proveedores y en materia de gasto social, así como facilitar el abono de gastos generales como la paga extraordinaria de junio, la farmacia o abonos a la Seguridad Social e IRPF de los funcionarios, ha explicado Hacienda en un comunicado.
Sin embargo, el Ministerio todavía no ha resuelto esta petición pese a que, actualmente, "no hay un solo euro anticipado de la liquidación de 2015" y "durante la etapa del Consell anterior hubo ejercicios en los que el Gobierno adelantó incluso más del 100%, con lo que en julio se tuvo que devolver al ministerio el exceso".
El conseller Vicent Soler ha reclamado reiteradamente a los representantes del Ministerio de Hacienda la "calendarización" durante el primer semestre de cada año de la liquidación o, al menos, del 80% de la misma (para dejar un colchón a expensas de conocer las cifras definitivas), de forma que las comunidades autónomas sepan cada mes con qué recursos van a disponer y así puedan realizar una planificación ordenada y razonable de su Tesorería.
En los primeros meses del año, el Gobierno ha aprobado anticipos a la Comunitat Valenciana para cubrir vencimientos de deuda, mientras mantenía bloqueado el FLA. Una vez ha activado éste a finales de mayo pasado, en lugar de haber consolidado esos anticipos (a cuenta de la citada liquidación de 1.538 millones de julio), el ministerio los ha cancelado con cargo a una mayor disposición de FLA, han indicado las mismas fuentes.
De este modo, "la liquidación está actualmente intacta, mientras el Periodo Medio de Pago en la Comunitat Valenciana ha ido aumentado" y "paralelamente el ministerio no ha informado todavía sobre cuándo prevé abonar a las comunidades el FLA extraordinario que debe cubrir la desviación del déficit en 2016 y que, en el caso valenciano, suma 871 millones de euros". El año pasado lo tramitó a mediados de junio, dos semanas antes de las generales del 26-J.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha instado al ministerio a "acordar un reparto ordenado a las comunidades de todos los recursos públicos porque el sistema actual daña a los proveedores, que sufren más retrasos de los debidos".
"El Consell está haciendo esfuerzos para que desde Madrid se entienda que el dinero que solicitamos es necesario para sufragar los servicios públicos", ha señalado Ferrando, que ha agregado que "se conoce la cuantía de la liquidación y no es justo que las comunidades tengamos que suplicar por él. Si les pedimos un anticipo de ese dinero es porque nuestra tesorería lo necesita".
"El Gobierno de Mariano Rajoy utiliza el FLA como un chantaje continuo a los valencianos", ha lamentado la secretaria autonómica. "Desde Madrid deciden cuándo y cuánto dinero nos llega para hacer frente a pagos comprometidos y detrás de ese maltrato a la Comunitat Valenciana hay un maltrato a miles de autónomos y pequeños empresarios proveedores de la Generalitat que no saben cuándo cobrarán sus facturas".
Además, ha incidido: "El sistema de financiación es profundamente injusto con los valencianos, pero es que también lo es el sistema de liquidación. En estos momentos, el Estado aún no nos ha enviado el dinero que nos corresponde de la recaudación de 2015, es decir, dinero de nuestros impuestos. Nos debe 1.500 millones por el ajuste en la liquidación, pero Madrid los retiene durante dos años, mientras nos cobra con intereses los préstamos que nos hace con el FLA para poder hacer frente a nuestros gastos. El sistema es perverso. Tienen nuestro dinero y nos cobran intereses por prestarnos nuestro dinero".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral