María José Salvador, consellera de ViviendaLa consellera de Vivienda, María José Salvador, quiere evitar que la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Comunitat sea suspendida, tal y como ocurrió en Andalucia
VALENCIA. "Estamos trabajando para movernos en un marco legal que nos evite encontrarnos con el muro del Tribunal Constitucional". Con esta franqueza se pronunció este martes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, preguntada sobre los avances de la administración en el anteproyecto de Ley de la Función Social de la Vivienda.
La norma prevé -ni más ni menos- sanciones económicas a las entidades bancarias que se nieguen a ceder sus viviendas vacías a la administración para destinarlas a usos sociales, una medida peliaguda que podría colisionar con el derecho a la propiedad de los bancos y, en consecuencia, ser tumbada por el Tribunal Constitucional.
Las multas a las entidades fueron, precisamente, uno de los principales aspectos que motivaron la suspensión por parte del Constitucional del decreto ley sobre la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía. En este sentido, para evitar que el escenario se repita en la Comunitat, el Consell busca una compleja fórmula legal que permita sancionar a las entidades bancarias.
"El mes que viene haremos públicos los pormenores de las propuestas", dijo este martes Salvador. La Consellera, sin embargo, se mantiene firme en su propósito: "Queremos implicar a los bancos voluntaria u obligatoriamente para que nos cedan sus viviendas".
La dirigente se mostró muy crítica con el grueso de las entidades bancarias. Tras reunirse a principios de octubre con responsables de Bankia, Caixabank, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander, Ibercaja Rural, Kutxabank, UCI, Caixa Popular, Cajamar Caixa y Caixa Ontinyent, Salvador lamentó que sólo las tres últimas han accedido a suspender los desahucios mientras se tramita la nueva ley.
Al respecto, criticó duramente "la actitud de Bankia tras haber recibido un rescate millonario" por parte del Estado. El hecho de haber recibido fondos públicos, añadió, será uno de los argumentos para sancionar a los bancos que no cedan vivienda.
Salvador, no obstante, subrayó que la norma se haría extensible a todas las entidades -rescatadas o no- y deslizó que para adquirir capacidad sancionadora sobre todas ellas "se tipificará al detalle qué es una vivienda deshabitada y por qué se trata de de unos inmuebles necesarios para la administración".
