ALICANTE. La Generalitat tiene las manos atadas a la hora de licitar obra pública. Las razones, aunque conocidas, las expuso este lunes el presidente del Consell, Ximo Puig, en la gala de entrega de los premios de la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA). Aludió a los problemas de infrafinanciación y de infrainversión, por parte del Gobierno central. Por ello, anunció que el Gobierno valenciano está estudiando fórmulas para incrementar su poder inversor sin que compute como deuda pública, como le exige el Ministerio de Hacienda.
Así, de esta manera, el jefe del Consell explicó que sobre la mesa existe una propuesta de colaboración público-privada para que la Conselleria de Educación pueda finalizar o rehabilitar los colegios pendientes del plan CreaEscola y de esta manera acabar con los casi 1.000 barracones que todavía quedan en los centros escolares.
Esa propuesta pasaría por constituir un consorcio con mayoría privada y que este nuevo organismo asumiera la construcción de los colegios pendientes. La Generalitat pagaría un alquiler durante un tiempo y al final de un período los colegios serían de titularidad publica. O anticipar el pago, cuando las arcas públicas lo permitan. Esa es más o menos la idea con la que trabaja el Ejecutivo valenciano y que éste lunes esbozó el presidente Puig ante los empresarios, partidarios, según dijo, de esta fórmula.
Puig viaja este martes a Bruselas a retomar el tema, que en un principio se planteó como extensión de plazos del crédito que actualmente la Generalitat mantiene con el Banco Europeo de Inversiones. Según Puig, la UE ve la propuesta con buenos ojos.
Pero la exigencia que pone el Ministerio de Hacienda es que el riesgo lo asuman terceros; es decir, un organismo independiente y que no compute como deuda estatal. La Generalitat también estudia que en ese organismo estén representados los ayuntamientos, según ha podido saber Valencia Plaza.
Por otra parte, el presidente Puig reconoció que la dramática situación económica de la Generalitat es un lastre para acometer obras públicas nuevas. No obstante, lamentó que la Administración General del Estado tampoco destine más recursos económicos a nuevos proyectos por lo que representa la Comunitat en el global de inversiones del Gobierno central. "Solo se han licitado 600 millones de obra pública para 2016 en la Comunitat", apuntó. A su juicio, "no es de recibo" que en los últimos años "las inversiones del Estado hayan representado porcentajes del total de España inferiores al 5%, cuando por población y PIB deberían haberse situado entre el 9 y el 10%, de media".
Además, el jefe del Consell recordó que, en los presupuestos del Estado para 2017, "las inversiones para nuestra Comunitat son inferiores en un 33% a las de 2016", algo que repercute de manera muy negativa en obras tan importantes como el Corredor Mediterráneo, entre otras muchas.
"Aspiro a que haya rigor, a que exista diálogo entre las administraciones públicas, porque lo que es mejor para todos no es lo que se decide, aisladamente, en un despacho ministerial", ha asegurado. "La inversión licitada por la Generalitat en 2015 y 2016 ha sido de 352 millones, por 368 del Estado, una magnitud prácticamente igual en ambos casos, pese a que nuestra situación financiera es mucho más complicada", explicó el jefe del Consell. Sin embargo, Puig no quiso "eludir responsabilidades" y proclamó: "no hemos estado parados".
Asimismo, aseguró a los empresarios de Fopa que la listas de obras pendientes -denominada la agenda valenciana- ha sido entregada al Ministerio de Fomento y que él está dispuesto al diálogo y a la colaboración con el resto de administraciones. "Lo reconozco, la Generalitat tiene el motor gripado, pero ha recordado que la Comunitat arrastra un déficit de infrafinanciación desde 2002 y eso está lastrando mucho las inversiones", afirmó.
"Tenemos un margen muy reducido, pero si recibiéramos la media de financiación que le corresponde a cada Comunitat, dispondríamos de 1.500 millones de euros para obras", criticó. Puig recordó que la Generalitat licita una cantidad muy similar a la del Ministerio de Fomento en la Comunitat, es decir, unos 350 millones de euros.
El presidente de Fopa, Javier Verdú, aprovechó el acto para reivindicar la licitación de más obra pública en la provincia de Alicante. Verdú se lamentó de la caída que arrastra la provincia, aunque ha reconocido que hay una leve mejoría. De igual forma, ha reivindica que las empresas del sector ya han hecho los ajustes y que ahora necesitan el apoyo de la administración pública para que liciten más obras.
Pese a ello, Verdú, al igual que ha hecho la patronal autonómica Fecova, pidió a los dirigentes políticos que no admitan en los concursos las bajas temerarias y desproporcionadas, como está sucediendo actualmente. Verdú se mostró partidario de las fórmulas de colaboración pública-privada y enumeró una lista de proyectos pendientes para la provincia de Alicante. Entre ellos, citó los accesos viarios y la conexión férrea con el aeropuerto y el desdoblamiento de la N-332 por Torrevieja.
Sobre los premios Fopa, el presidente de Fopa ensalzó la calidad de proyectos que han optado a los premios a la mejor obra pública: en total, 17 proyectos ejecutados en los últimos años en diferentes municipios de la provincia.