VALÈNCIA. La historia del decreto de responsabilidad social de la Generalitat es la historia de la aprobación de una norma con la clara intención de no aplicarla. Tanto que se ha intentado evitar por todas las fórmulas posibles y, finalmente, no entrará en vigor esta legislatura, para malestar de los sindicatos.
La ley para el fomento de la responsabilidad social empresarial fue impulsada la pasada legislatura desde la Conselleria de Transparencia dirigida por Manuel Alcaraz. Aprobada por Les Corts Valencianes en julio de 2018 con el único rechazo del PP, incorporaba cláusulas de responsabilidad social en el otorgamiento de subvenciones y en la contratación pública, de manera que la Administración no sólo valore la oferta más ventajosa económicamente, sino la que cumpla con aspectos sociales o medioambientales.
El desarrollo reglamentario de la ley era una cuestión pendiente desde Transparencia, ahora en manos de Rosa Pérez. Para ello, se comenzó a negociar con sindicatos y patronal el decreto que regulaba todas estas cuestiones y, tras varios años, el Consell lo aprobó en el pleno del pasado 5 de agosto. Eso sí, con una 'nota al pie': la entrada en vigor se produciría tres meses después de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), algo no que no suele ser habitual.
Ese plazo vencía el pasado 16 de noviembre. Y tanto agrada la norma a los propios miembros del Ejecutivo autonómico que su entrada en vigor se volvió a posponer seis meses más hasta el próximo 16 de mayo. Es decir, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de –previsiblemente– el 28 de ese mes. En definitiva, que no se aplicará en lo que resta de legislatura.
Entre la primera prórroga y la segunda, las Consellerias se mantuvieron a la espera de ver qué ocurría con poco entusiasmo. Pero a una, Economía, le surgió una duda. Dado que las convocatorias de subvenciones públicas tenían que pasar a adaptar sus bases a este decreto, dirigió una consulta el pasado octubre a la Abogacía de la Generalitat para que le asesorara en la posibilidad de interpretación amplia de los preceptos y sobre si se habían de establecer ya las citadas bases conforme a la norma a partir del 16 de noviembre.
La respuesta: no existe tal interpretación amplia porque el decreto establece claramente que la adaptación de las convocatorias de subvenciones tiene que llevarse a cabo dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor. Por lo tanto, las bases tenían que comenzar a cambiarse a partir de noviembre.
La duda de la Conselleria de Economía era por las llamadas subvenciones anticipadas, aquellas que se solicitan en 2023 pero cuya convocatoria sale publicada a finales de 2022. Pero ni este departamento ni ningún otro tendrá que preocuparse ya por la concesión de las ayudas púbicas porque el decreto no se podrá en marcha.
Adjudicación de contratos y subvenciones
El texto resulta de especial importancia, porque tendría que aplicarse tanto para las contratas de Generalitat –unas 8.500–, como para diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, sector público institucional y universidades. Establece, a modo de ejemplo, el cumplimiento de los derechos laborales y de empleo digno en los pliegos de contratación o que las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no puedan realizar operaciones financieras en paraísos fiscales.
En la adjudicación de los contratos y en el otorgamiento de subvenciones –tanto a los beneficiarios como en la subcontratación con terceros–, el texto establece criterios de carácter social como la inserción laboral e inclusión social; igualdad de género; calidad laboral; y fomento del empleo autónomo y el cooperativismo. Igualmente, obliga a reflejar en la contratación pública el convenio colectivo sectorial objeto del contrato y a establecer una plantilla mínima y unas horas de trabajo acordes al mantenimiento de la calidad en el servicio público subcontratado. Y tiene en cuenta, del mismo modo, las cuestiones de carácter ético como el respeto a la cadena de producción y el comercio justo.
Por otro lado, se especifican criterios ambientales como el consumo, la eficiencia y el ahorro energético; los productos ecológicos; las emisiones y contaminación en el uso de vehículos; y la calidad ambiental. También se tiene en cuenta la ejecución de carácter ambiental con formación en la materia; materiales embalados con productos reciclables; designación de una persona como responsable medioambiental; recogida selectiva de residuos; productos textiles con la Etiqueta Ecológica Europea o equivalente; uso de medios electrónicos y tipos de papel; y medios de transporte y/o maquinaria eficiente.
Una de las cuestiones más importantes que contiene el decreto para los sindicatos es la laboral, que fue aceptada en el trámite de enmiendas presentadas por CC.OO. y UGT. La ley incluye la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la Administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas.
Así, las organizaciones de trabajadores y empresarios podrán elaborar acuerdos sobre materias concretas que tendrán el tratamiento de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para los convenios colectivos. Una vía usada por Transparencia para blindar la subrogación de personal en el caso de que haya sucesión de empresas, convenio colectivo o un acuerdo con valor de convenio. Y un punto que a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) desagradaba especialmente al considerar que vulneraba la normativa laboral vigente en materia de subrogación empresarial.
"Chapuza incomprensible"
Después de todo, el decreto no entrará en vigor. Fuentes de los sindicatos, que celebraron en su momento la aprobación, reconocen ahora su malestar después de todo el proceso de negociación y tildan de "chapuza incomprensible" y de "escándalo" las maniobras del Consell para evitar que se aplique.
Desde la Generalitat argumentaron que el contexto de la crisis sanitaria por la covid-19 y la guerra de Ucrania "ha obligado a las administraciones públicas a priorizar la asignación de recursos a la gestión de los fondos europeos Next Generation en las contrataciones y convocatorias de subvenciones del sector público, así como a la gestión de los diferentes planes y programas destinados a paliar la repercusión económica derivada del conflicto bélico".