VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana modificará el decreto de tanteo y retracto, aprobado por el Botànic en 2020, para limitar el ejercicio de estos dos derechos de adquisición preferente únicamente a la vivienda pública protegida. De esta forma, el nuevo gobierno autonómico eliminará la ampliación de derechos que aprobó el ejecutivo anterior y dejará solo su aplicación a viviendas que haya promovido la administración, como estaba fijado desde 2004 hasta que salió la nueva regulación.
"Estamos revisando ese decreto, aprobado en 2020", avanzó este lunes Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana durante su participación en una jornada sobre vivienda organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta. En este sentido, recordó que, desde 2004, tanto el tanteo como el retracto eran dos derechos que estaban regulados en la Comunitat Valenciana y podían ser ejercidos por la Generalitat sobre viviendas de protección pública.
"Hay que proteger la vivienda promovida por la administración para que cumpla su fin social y hasta ahí puedo leer", remarcó para señalar que espera que "por poco tiempo" se mantenga la vigencia de la actual norma, aprobada por el anterior gobierno autonómico de izquierdas.
Cabe recordar que la Ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana de 2004 contemplaba el uso de estos derechos de adquisición preferente por parte de la Generalitat Valenciana, pero solo sobre las viviendas de protección pública, cualquiera que fuera su método de transmisión. No obstante, tras quince años de vigencia, no fue hasta 2019 cuando se empezaron a ejercer por parte de la Generalitat Valenciana. Y, a la vista de sus posibilidades que ofrecían para ampliar el parque público, la entonces Conselleria de Vivienda, dirigida por Rubén Martínez Dalmau, decidió ampliar los supuestos y tipologías a través de una nueva regulación.
Concretamente, la norma, muy polémica y criticada por el sector inmobiliario, aunque vigente en estos momentos, permitía por primera vez que la Generalitat Valenciana tuviera la potestad de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se fueran a vender o se hubieran vendido entre operadores privados. Hasta entonces, solo se podía ejercer sobre vivienda pública protegida.
Otra novedad era la posibilidad de ceder estos derechos a los ayuntamientos para que amplíen su parque público o, en caso de no contar con ellos, crearlos desde cero. Para ello, el decreto ley del Consell anterior prevé dos fórmulas: o bien la cesión de los derechos de tanteo y retracto a los ayuntamientos cuando se trate de transmisión de vivienda protegida o, en el resto de los casos, su ejercicio por parte de la Conselleria de Vivienda en favor del municipio.
También, incluye la posibilidad de comprar inmuebles para entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad, pero también hacerlo a favor de personas que hubieren consolidado un derecho subjetivo a la vivienda y de las personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda de protección pública.
Con esta reforma, Fernández cumple con otra línea de trabajo que se marcó al llegar a la Secretaría Autonómica de Vivienda como era la reforma de esta regulación. De hecho, hace unos mese ya avanzó que la modificación de este decreto era otra de sus prioridades, una revisión que se suma a la del decreto VPO, cuya sustitución ya ha iniciado el trámite administrativo.
Y es que su compromiso es sacar una nueva Ley de Vivienda autonómica, que aúne la vertiente social de la vivienda con la económica y más sectorial enfocada en la construcción. De esta forma, el objetivo es aglutinar en un único texto toda la legislación vigente para poner orden y dotar "de mayor seguridad jurídica al sector".
Por otro lado, durante la mesa de debate se realizó un diagnóstico sobre la situación de la vivienda en España y la Comunitat y se pusieron encima de la mesa algunas soluciones. En la jornada participaron Ana Berenguer, directora general de Planificación del Ministerio de Vivienda; Sebastián Fernández; Helena Beunza, presidenta de la Asociación Española de Propietarios de Vivienda en Alquiler; y Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Promotores de España.
Los asistentes coincidieron en advertir sobre la situación límite y de absoluta tensión que vive el mercado, tanto en el segmento de la compra como del alquiler. Entre los principales factores que han llevado a este panorama apuntaron a la falta de oferta en el mercado por la baja producción de nuevas construcciones y el desvío de alquileres a la compraventa o el uso turístico. "Estamos en niveles mínimos de producción de vivienda porque no se construye al ritmo que se crean nuevos hogares en España", remarcó Ana Berenguer. Y ello debido a la reestructuración del sector tras el 'boom' del ladrillo, la subida de los costes de la construcción, las dificultades administrativas con las licencias o la falta de suelo finalista.
Por el lado del alquiler, Beunza apuntó a la falta de un parque de alquiler sólido y con stock suficiente como sí tienen otros países europeos. A su juicio, la escasa oferta se debe al impulso en el pasado de políticas que únicamente incentivaban la compra y dejaban de lado el alquiler. Ahora, en cambio, aseguró que muchos recurren a esta opción por el cambio en el estilo de vida de la sociedad y los salarios medios en España. Pero también apuntó a la necesidad de movilizar los inmuebles vacíos que hay en el mercado para atender la alta demanda y lamentó los efectos de la Ley de Vivienda sobre el parque inmobiliario. "Solo un 7% de los propietarios posee más de 10 viviendas. Por tanto, legislar en contra de los grandes tenedores solo sirve para actuar sobre un pequeño porcentaje que además son parte de la solución y no del problema", remarcó.
Como soluciones, Toribió incidió en la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los agentes privados y abogó por un Pacto de Estado por la vivienda. "Debe haber una política sostenida en el tiempo y un acuerdo político para evitar que según cambia el gobierno, cambien las políticas", remarcó. Asimismo, defendió un presupuesto público estable para gestionar a largo plazo, así como en promover una colaboración público-privada que permita facilitar el acceso a la vivienda.
Fernández, por su parte, defendió el plan VIVE para construir 10.000 nuevas viviendas y la agilización administrativa que el gobierno de Carlos Mazón está impulsando. Recetas que, a su juicio, acabarán con la "política marcada por la ideología" del Botànic que "fueron en contra de la propiedad" y "generaron inseguridad jurídica en el pequeño propietario", además de que, según criticó, no favorecieron la promoción de obra nueva en el mercado.
