VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana activa la maquinaria legislativa para sacar adelante un nuevo decreto que regule la vivienda protegida, VPO, en la Comunitat Valenciana. Un nuevo texto normativo que sustituirá el decreto que aprobó el anterior Consell del Botànic tan solo dos semanas antes de que se celebran las elecciones autonómicas y municipales en mayo, que cambiaron el color político en el gobierno autonómico. La idea ahora es generar un nuevo marco para ofrecer "mayor seguridad jurídica" y unificar en un único texto todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sacaba este jueves a consulta pública el nuevo proyecto de decreto, por el que se aprobará el reglamento de vivienda de protección pública. De hecho, hace ya unos meses que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, avanzaba su intención de modificar la actual normativa que regula la VPO en la Comunitat Valenciana. Y ahora da inicio al proceso.
El objetivo es unificar en una misma regulación tanto el decreto de VPO como el decreto de 2021 por el que se creó un registro de oferta y demanda de vivienda pública. "Con la nueva regulación se pretende dar solución a problemas interpretativos a fin de incrementar la seguridad jurídica y unificar todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública, ya sean de iniciativa pública como privada, en aras a garantizar la mayor transparencia posible en las actuaciones de la Administración", explican desde este departamento.
Asimismo, se busca aclarar y simplificar cuestiones como la calificación y clases de viviendas de protección pública; su régimen de uso; los visados de contratos; el procedimiento de calificación; el sistema de fijación de precios; el acceso al registro de vivienda y al de demandantes de vivienda; así como los requisitos y acceso al patrimonio público de vivienda de la Generalitat Valenciana.
Por todo ello, desde Conselleria no contemplan no modificar la actual normativa vigente, ya que, a su juicio, "impediría su adecuada aplicación y la puesta en marcha de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo", explican. Además, tal y como avanzó el secretario autonómico hace meses en una jornada inmobiliaria, esta y otras normas del Botànic son "ideológicas", por lo que su intención es acometer una reforma hacia otras que sean "lógicas y sustentadas en criterios técnicos para que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión", afirmó.
De esta forma, este nuevo decreto estaba ya en la hoja de ruta del nuevo equipo de la Conselleria de Servicios Sociales y Vivienda. Pero no solo eso, sino que la intención es acabar con la mayor parte de la leyes y textos que sacó adelante el anterior equipo de este departamento, controlado en la pasada legislatura por Podemos. Tanto es así que Fernández también subrayó que su intención es sacar una nueva Ley de Vivienda en la Comunitat, que englobe todas las normativas que se han ido aprobando a lo largo de los últimos años.
Pero antes de eso, lo más inmediato era la revisión de algunos decretos, como el de VPO, debido a la presión de los promotores que quieren unas nuevas reglas, pese a que la norma vigente fue negociada con el sector. Sin embargo, ahora reclama que el valor fijado para el módulo -de 2.200 euros para promociones de VPO que sean privadas- se suba por el alza de los costes, así como reclaman la vinculación de los precios al IPC o la posibilidad de que un propietario de una vivienda pueda, asimismo, acceder a una VPO, aunque con ciertos requisitos. Unas cuestiones que podrían incluirse en la nueva regulación.
El actual decreto de VPO, aprobado en mayo de 2023, actualizaba y unificaba las diferentes normativas existentes en esta materia-la de 2007, 2009 y 2013. Además, revisaba los precios de los módulos, que llevaban sin actualizarse desde hacia más de diez años, lo que impedía el desarrollo de proyectos con esta calificación porque sus valores ya no estaban ajustados a mercado. Ante esta situación, La ya extinta Conselleria de Vivienda creó una comisión junto al sector inmobiliario para renovar la normativa y pactar un nuevo articulado.
Como principales novedades, el decreto, actualmente en vigor, recoge la tan ansiada revisión de los precios y elimina las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. Ahora, hay un único valor máximo de venta en el territorio valenciano. El precio máximo de venta para una VPO de promoción privada se fijó en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil. En cambio, las que sean de promoción pública y las viviendas pertenecientes al patrimonio público se ha establecido en 1.530 euros por metro cuadrado útil.
También, establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación" y obliga al solicitante de una vivienda pública a estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana. Además, todos los inmuebles que reciban la calificación de protección pública serán inventariados en el registro de oferta de vivienda de la Generalitat Valenciana para tenerlos registrados.
También, instaura una reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años. Una medida con la que la Administración Valenciana buscaba resolver el problema que este colectivo tiene para emanciparse ante el auge que los precios han experimentado en los últimos tiempos. Ahora, se inicia el trámite de exposición pública para generar un nuevo texto y "mejor el actual", que podrá, o no, mantener algunas de las medidas ya vigentes en la autonomía valenciana.