El Consell continúa la regulación de las VTC tras la validación de la viabilidad jurídica por la Abogacía

VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Obras Públicas va a continuar la tramitación del decreto ley de regulación de las VTC después de obtener el informe de la Abogacía de la Generalitat que valida la "viabilidad jurídica" del proyecto por razones de "extraordinaria y urgente necesidad" y bajo la normativa estatal y europea.

La Generalitat ha informado este viernes de que una vez aprobado por el pleno, este decreto ley deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de Les Corts, que también tendrá la posibilidad de decidir si quiere tramitarlo como un proyecto de ley.

El informe de la Abogacía de la Generalitat avala íntegramente la viabilidad jurídica del proyecto de decreto ley planteado por Obras Públicas, ya que entiende que hay razones de "extraordinaria y urgente necesidad" para la utilización de este instrumento normativo, cuyo objetivo es hacer frente a una "coyuntura económica problemática".

El informe asegura que las directivas y la jurisprudencia de la Unión Europea (UE) permiten regular los servicios de intermediación en el transporte, que forman parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte.

Así, desde la perspectiva del derecho europeo, se entiende que es competencia de los estados miembros (y de las comunidades autónomas en España por delegación del Estado) acometer una regulación de esta actividad económica.

Respecto al principio de libertad de empresa, la Abogacía apunta que el proyecto cumple con el marco europeo y estatal regulador de la libertad de empresa en el sector de los transportes, y todo el contenido del proyecto se ajusta al "bloque de constitucionalidad".

Esta regulación también se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo, del 4 de junio de 2018, que "da cumplida respuesta a las alegaciones de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana".

Responsabilidades

En cuanto a las posibles responsabilidades patrimoniales, la Abogacía asegura que en este caso "no concurren ninguno de los supuestos" que contempla la legislación para la reclamación de estas responsabilidades, con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat.

La Generalitat ha iniciado este año en el proceso para redactar el decreto ley de regulación de las VTC después de que el Estado, el pasado mes de septiembre, habilitara a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de estas autorizaciones debido al incremento del sector.

Entre las medidas que ha planteado la Conselleria para las VTC, está el establecimiento de un periodo mínimo de quince minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, la prohibición de captar clientela o geolocalización de los vehículos que circulen por las vías públicas, o la necesidad de que los vehículos tengan menos de diez años.

Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen 4.686 licencias de taxi por 373 licencias de VTC.