El Consell da más tiempo a Intu para aportar la garantía de un millón de euros y seguir con la ATE

VALÈNCIA. Más tiempo. Eso es lo que Intu Found Valencia SL, promotor del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo, había pedido a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para depositar la garantía de un millón de euros necesaria para volver a realizar una evaluación ambiental de la iniciativa y continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Una solicitud que ha sido atendida por parte del departamento que dirige Arcadi España, que ha decidido ampliar el plazo 5 días hábiles más, menos de lo que había solicitado la compañía.

El plazo inicial vencía este martes, después de que Territorio enviara un requerimiento a la mercantil, el pasado 12 de mayo, en el que le instaba a en un plazo de 15 días abonar la garantía millonaria. Pero, ante la imposibilidad de cumplirlo, los promotores solicitaron a Territorio una ampliación del plazo de "al menos un mes adicional" debido a la "crisis económica motivada por la covid-19", según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza.

"Entendemos que el plazo conferido es extremadamente corto y debería otorgarse una ampliación prudencial del mismo de, al menos, un mes adicional. Y más teniendo en cuenta y considerando la realidad social actual y de crisis económica motivada por la covid, donde a todos los operadores económicos les está resultando complicado el acceso ágil a las garantías financieras de bancos o cajas de ahorro", señalan los promotores en su escrito enviado a la Conselleria. 

Asimismo, Intu Found Valencia SL, expone que "el necesario estudio, análisis y la burocracia interna de las entidades alarga la aprobación y constitución de este tipo de garantías", especialmente ante este proyecto por su "trascendencia" y "todas las vicisitudes acontecidas anteriormente ajenas a esta parte, y por las consecuencias que de ello se pudieran derivar, en su caso", argumentaban.

Desde Territorio han decidido conceder una ampliación de 5 días hábiles, menos de lo que había pedido la mercantil. Según explican fuentes de este departamento, este nuevo plazo "no puede exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido" ajustándose el plazo al límite establecido en el artículo 32.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, recuerdan que "el promotor ya ha sido requerido en dos ocasiones para su cumplimiento".

Si no se deposita, caducará la actuación

Así, Intu Found Valencia SL tiene ahora hasta el día 15 de junio a las 14.30 horas para aportar el dinero o un aval bancario o la Conselleria procederá a la "caducidad" de la ATE por desestimiento. Y es que esta garantía es necesaria para continuar con la tramitación y para que el Consell emita una nueva declaración de impacto ambiental sobre el proyecto.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo daba hace meses la razón a la compañía al considerar que la memoria ambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente. Así, el Supremo inadmitía el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ya se posicionaba a favor de Intu. 

De esta forma, la decisión del alto tribunal obligaba a la administración valenciana a reevaluar el proyecto ya que obligaba a retrotraer el procedimiento a la situación anterior a la resolución que en su día emitió Conselleria, exigiendo así la realización de una nueva evaluación ambiental. Un trámite que solo podrá llevarse a cabo si Intu aporta la garantía de 1 millón de euros como garantía, tal y como se establecía en el Acuerdo del Consell de 2013 que declaraba el proyecto Puerto Mediterráneo como actuación territorial estratégica.

No es la primera vez que se solicita esta garantía ya que el primer plazo para depositar esta garantía vencía el pasado 5 de mayo y no se ha satisfecho. La mercantil propuso entonces dejar como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero Pardo ha señalado que el Acuerdo del Consell de 2013 por el que se declara la ATE del proyecto establece que se regirá por la Ley de Contratos y esta no permite aportar una "garantía hipotecaria".