Ximo Puig y Alberto Fabra, el día del traspaso de poderes. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. Los pagos comprometidos por la Generalitat para ejercicios futuros que dejó el Gobierno de Alberto Fabra a Ximo Puig son mayores de lo que reflejan sus cuentas. Concretamente, 987,6 millones de euros -sin contar los intereses- más de lo que la Cuenta General de la Generalitat reflejaba a 31 de diciembre de 2014, según destaca la Sindicatura de Comptes en el informe de fiscalización de la Generalitat correspondiente al año pasado, hecho público este lunes tras ser entregado en las Corts por el sindic major, Rafael Vicente Queralt.
Según este informe, la Generalitat declaró que acababa 2014 con unos compromisos de gasto para años futuros de 44.099 millones de euros, de los que el 79,9% -35.221 millones- eran deuda pública y sus intereses. Intereses que son menores que en la previsión del año anterior gracias al tipo cero fijado por el Estado, el mayor acreedor de la Generalitat.
Sin embargo, la fiscalización realizada ha puesto de manifiesto que falta por incluir en el estado de compromisos futuros tres importantes operaciones: En primer lugar, las anualidades futuras de los compromisos derivados de los acuerdos del Consell para el pago de las obligaciones de la deuda sanitaria, por un total de 432,9 millones.
En segundo lugar, las cuotas por los compromisos derivados del convenio firmado en 2002 con Feria Valencia, por un capital de 308,9 millones, más los intereses correspondientes.
Y por último, las cuotas por los compromisos de los planes de inversiones de las universidades públicas valencianas, que ascenderían a 245,8 millones de capital, más los intereses correspondientes.
Todo ello suma los citados 987,6 millones, a lo que hay que sumar los intereses en los casos de Feria Valencia y las universidades.
De los compromisos de pago sí reflejados en la Cuenta General de 2014 destaca, además de la deuda pública, la sección de Sanidad, con un total de 5.375,5 millones, que comprenden principalmente los conciertos con Ribera Salud y el hospital de Manises, el concierto para la gestión de las resonancias magnéticas, el transporte sanitario y de otros conciertos.
Por su parte, la sección "infraestructuras, territorio y medio ambiente" muestra un importe de 1.754,1 millones, que incluye, entre otros, los compromisos derivados de los contratos de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de autovías.
El presidente de las Corts, Enric Morera, recibe el informe de manos del sindic major, Rafael Vicente Queralt. VPEl informe también da cuenta de ingresos indebidamente computados por los anteriores responsables de liquidar las cuentas. En concreto, sostiene que reconocieron derechos netos por valor de 132,3 millones de euros del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito aprobado por algunas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana. Esos derechos figuraban como pendientes de cobro al cierre del ejercicio analizado.
Atendiendo a la forma de devengar el impuesto, la Sindicatura sostiene que "no resultaba procedente su contabilización" en la cuenta general de 2014.
El síndic recuerda que el Tribunal Constitucional suspendió provisionalmente en octubre de 2014 la aplicación de ese impuesto, que meses después fue declarado inconstitucional.
El síndic también censura la contabilización de los pagos comprometidos con la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), con la que la Generalitat mantiene un riesgo vivo que roza los 400 millones.
A juicio de la Sindicatura, las obligaciones de pago a favor de la SGR por el contrato de reaval que firmó la Generalitat "no implican el reconocimiento de un activo", sino que representan un gasto o pérdida que debe contabilizarse. Por ello, insta a dar de baja 118,3 millones de euros de la cuenta 565 (Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo), por los 109 millones que la Generalitat tiene que asumir por los fallidos de la sociedad avalista de ese año más otros 9,3 millones de ejercicios anteriores.
La cuenta 565 “Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo” del activo del balance a 31 de diciembre de 2014 muestra un saldo de 118,3 millones de euros, que es consecuencia de la contabilización realizada sobre las operaciones fallidas derivadas del contrato de reafianzamiento firmado con la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR).
La Sindicatura revela que, a 31 de diciembre de 2014, la Generalitat tenía obligaciones pendientes de pago por fallidos del contrato de refianzamiento con la SGR por valor de 108,6 millones de euros, la mayor parte de los cuales (107,3 millones) están pendientes de aplicarse al presupuesto y figuran contabilizados en la cuenta 409 (facturas sin consignación).
una insuficiente cobertura para insolvencias de 282,2 millones
Por otra parte, la Sindicatura considera insuficiente la provisión para insolvencias, que estima que debería incrementarse en 282,2 millones de euros para cubrir todos los derechos de "dudoso cobro".
Entre ellos cita 100,3 millones de euros en derechos de los ejercicios 2009 y anteriores aún pendientes y reconocidos pero que no estarían cubiertos por la provisión. A ellos suma otros 181,9 millones por derechos de fondos europeos contabilizados mediante previsiones de ingresos entre 2010 y 2013.
