El president de la Generalitat y los consellers. Foto: JOAQUÍN CARRIÓN VALÈNCIA. Una fiebre corrió los gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana durante años. La creación de empresas y fundaciones públicas fue una constante. Tanto, que cuando la izquierda accedió a la Generalitat se topó con algunas que desconocían. En este punto, cabe recordar que el bipartito decidió realizar un inventario de todos los institutos, fundaciones y empresas públicas en las que participaba la Administración para poder establecer un listado concreto y completo de todos los existentes.
Sin embargo, parece que el virus anida en el Palau y que el Ejecutivo del Botànic se ha contagiado de la fiebre por crear entes. Eso sí, en lugar de empresas y fundaciones, ahora se crean mayoritariamente organismos consultivos o de participación, más que de gestión. Durante dos años de legislatura el Consell ha creado oficinas, consejos, agencias e institutos de lo más diverso.
La mayoría tiene un presupuesto bastante limitado –algunos de sus miembros se quejan de la escasez de medios– y su puesta en marcha no ha conllevado la contratación de personal, al estar integrados en consellerias. En algunos casos los nombramientos implican sueldos equivalentes a los de un director general de la Generalitat o incluso superiores. Otros son tan nuevos que aún se desconoce cuánto costarán y si sus miembros recibirán algún tipo de remuneración.
El pasado miércoles, sin ir más lejos, tenía lugar la primera reunión del Consejo de Participación para definir la línea estratégica que desarrollarán en los próximos años, y con él empezamos este repaso a cada uno de ellos:
El pasado mes de diciembre se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el decreto que daba luz verde a este órgano. Entre las funciones del Consejo de Participación se encuentran las de asesorar al Consell sobre objetivos e iniciativas que desarrollen en materia de participación ciudadana, elaborar informes para la mejora de las políticas públicas de la Generalitat, establecer cauces de colaboración con otros órganos de participación de la ciudadanía existentes en el Estado español y la Unión Europea; realizar proyectos normativos en materia de participación ciudadana o crear comisiones técnicas o grupos de trabajo cuando sea necesario.
Presidido por el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, el órgano cuenta con 10 miembros de la administración de la Generalitat –un representante por cada conselleria–, la vicepresidencia que ocupa la secretaria autonómica del departamento de Alcaraz, Zulima Pérez, 17 representantes de órganos estatutarios –diputaciones, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Consell Valencià de Cultura…- y 14 miembros de entidades ciudadanas. En total 43 personas con sus correspondientes suplentes.
Durante la primera reunión que mantuvieron este miércoles, este organismo que no tiene ningún coste para la Administración, ya quedaron conformados los grupos de trabajo pertinentes para colaborar en la elaboración de la futura Ley de Participación Ciudadana y Apoyo al Asociacionismo.
Fruto de la ley de Transparencia que creó el PP en 2015, el Consejo de Transparencia se constituye formalmente en diciembre cuando los populares ya habían perdido la Generalitat. Si bien desde el principio estuvo integrado únicamente por cuatro miembros –tal como señalaba la ley–, con el cambio de Gobierno en la Comunitat y la entrada en Les Corts de dos nuevos grupos parlamentarios –Ciudadanos y Podemos–, se decidió modificar la norma para que cada partido con representación en la Cámara pudiera proponer un candidato dentro del órgano.
Entre sus cometidos se encuentra garantizar la transparencia en el funcionamiento de la administración pública en los términos previstos por la ley estatal. Los particulares que así lo deseen, plantean conflictos o solicitan información de la Administración y es este órgano quien determina si dicha documentación puede ser proporcionada o no -si es que prevalece otros derechos por encima del acceso a la información, como por ejemplo, la protección de datos-.
Ninguno de los cinco componentes tienen dedicación exclusiva –la mayoría compaginan este cometido con la docencia universitaria– ni perciben una remuneración al respecto. Si en 2016 no contaron con presupuesto para sus gastos de funcionamiento, para este año sí se incluyó una partida de 90.000 euros en los Presupuestos de la Generalitat que les permitirá desempeñar sus funciones de la manera más efectiva posible.
Aunque todavía en una situación muy embrionaria –el decreto que regula su creación se encuentra en fase exposición pública– y, por tanto, sin haber echado a andar, la Oficina de Derechos Lingüísticos ya se ha encontrado con las primeras quejas. El PP cuestionó algunos de los apartados que recogía el texto del decreto como la intromisión en el ámbito privado o la falta de tipificidad de las sanciones.
Este órgano se plantea para "atender las quejas y sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos" además de ejercer de "mediadora" entre la parte reclamante y la denunciada. En cada situación, la Oficina podría iniciar "un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos constituyen vulneración de los derechos lingüísticos". De momento, se desconoce su estructura y si su creación supondrá un coste adicional para la Generalitat o estará compuesto por el personal funcionario de la propia Conselleria de Educación.
En la ley de Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico que fue aprobada en julio, se fijaba la creación tanto del Consejo de la Ciudadanía como del Consejo del Audiovisual; dos órganos con derecho a representación en el Consejo Rector. El asiento que le toca al Consejo de la Ciudadanía en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) es el que dejó vacante la no elección de la candidata propuesta por el PP, Maite Fernández.
El Consejo de la Ciudadanía estará integrado por trece personas, su mandato será por un período máximo de cinco años y entre sus funciones están las de asesorar en materia de programación y contenidos en la nueva Corporació. No obstante, la ley de Servicio de Radiodifusión no señala ni el rango de los integrantes, ni si percibirán alguna retribución por ello.
Por su parte, el Consejo del Audiovisual debía ser creado por el Consell mediante proyecto de ley nueve meses después de la aprobación de la norma del Servicio de Radiodifusión. Este órgano "se configurará como una auténtica autoridad independiente sobre toda clase de medios de comunicación audiovisuales de titularidad o gestión pública o privada, y con competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del sector,incluidos los formatos y las vías de transmisión, atendiendo a las prioridades derivadas del interés público y la responsabilidad ante la ciudadanía", señala la ley. Además, desde el momento de su creación podrá intervenir "en los procesos de adjudicación de licencias".
En este caso, la norma no regula la cantidad de personas que lo configurarán, aunque sí establece que el tiempo de mandato "irá más allá de la legislatura" para desvincular "su nombramiento del período de sesiones y el mandato parlamentario".
De momento, los dos asientos que tiene reservados este órgano en el Consejo Rector de la CVMC, los ocupan actualmente Mar Iglesias (a propuesta de Compromís) y Raquel Piqueras (a propuesta de Ciudadanos). No obstante, cuando el órgano esté constituido, Piqueras e Iglesias deberán abandonar el órgano directivo.
Un día después de que se aprobara la ley de la Agencia Antifraude en Les Corts, el Ejecutivo valenciano dio luz verde a esta oficina para prevenir las "malas prácticas". Enmarcada dentro del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal, este departamento tiene las funciones de elaborar informes estadísticos de la evolución de la recaudación, así como evaluar los resultados que se extraigan del también nuevo Departamento de Auditoría y Análisis de Datos Tributarios.
Con la creación de esta oficina y las medidas de reorganización interna del IVAT, se contempló reforzar los medios humanos. Con lo que en los presupuestos de 2016 se previó la dotación de 17 puestos de trabajo con los que se pretende mejorar la eficacia del IVAT.
Adscrita a la Presidencia de la Generalitat, la Agencia Valenciana de la Innovación tiene como principal objetivo mejorar el modelo productivo valenciano mediante el desarrollo de su capacidad innovadora, tal y como fija la ley. Así, el pasado mes de marzo el parlamento valenciano aprobó el nombramiento del vicepresidente ejecutivo, Andrés García Reche.
En los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2017, la Agencia Valenciana de la Innovación cuenta con una partida de 28 millones de euros para su funcionamiento. Los sueldos de sus directivos podrán superar el límite máximo legal establecido para los directores de empresas y entidades públicas, que es el de un director general.
Con el desarrollo de la ley para la recuperación de la Memoria Democrática, la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo contará con un organismo autónomo de la Generalitat que se encargue de realizar las labores de "estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley". En él se integrará el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.
No obstante, el reglamento del Instituto está por desarrollar y, por lo tanto, también se desconoce su estructura y los fondos con los que contará.
Este órgano generado con el objetivo de institucionalizar la interlocución entre los distintos agentes del sector cultural –tanto público como privado– se reunía también por primera vez esta semana. La intención es generar un lobby cultural para "hacer efectivas" las reivindicaciones valencianas en materia presupuestaria. Está integrado aproximadamente por 150 representantes de distintos ámbitos que se dividen por comisiones: Audiovisual y de Cinematografía; Artes Escénicas; Educación y Cultura; Libro, Archivos y Bibliotecas; Música y Cultura Popular; y Patrimonio, Museos y Artes Plásticas.
Con la llegada del Govern del Botànic, la Conselleria de Bienestar Social se convertía en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Con el cambio de denominación y estructura, también se creó una nueva Dirección General: la de Igualdad en la Diversidad, donde se ubica, además, la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad.
La dirección general de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad que ocupa José de Lamo fue la primera en España con estas características y naci´ con el objetivo de desarrollar políticas en favor de la diversidad LGTB, familiar, étnica, religiosa y de culto, con políticas de no discriminación y de fomento de la igualdad de oportunidades. Lamo percibe una retribución de 58.162,44 euros anuales.
