VALENCIA, (EP). Además, una vez cumplido este primer ejercicio, está previsto que a mediados de julio se revise el Acord del Botànic en que se apoya el Ejecutivo. Asimismo, habrá novedades durante la legislatura con el objetivo de "optimizar" la gestión y "mejorar algunos engranajes seguro", según ha asegurado recientemente el propio Puig.
Uno de los puntos de fricción entre el Gobierno autonómico
--formado por PSPV y Compromís y con el apoyo externo de Podemos-- y el central se debe a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo de Rajoy contra tres leyes del derecho civil valenciano.
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido anular este mismo mes de junio la ley de régimen económico matrimonial y ha estimado parcialmente el recurso contra la ley de uniones de hecho, al considerar que estas normas invaden competencias estatales. Queda pendiente la ley de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven.
El primer año del nuevo Consell ha estado muy centrado en la reclamación del cambio del modelo de financiación autonómica y, al respecto, Ximo Puig impulsó la firma de un acuerdo "por una financiación justa" que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Corts, las universidades, los sindicatos, los empresarios, los ayuntamientos y parte de la sociedad civil.
Unido a la financiación, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha exigido en numerosas ocasiones al Gobierno fondos suficientes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para hacer frente a los pagos, y tanto él como otros miembros del Consell como Mónica Oltra han acusado al ministro del área, Cristóbal Montoro, de utilizar esta mecanismo como "herramienta electoral" y de perjudicar a la Comunitat por no tener un gobierno del mismo color político que el central.
También en materia de hacienda, la Generalitat presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Suficiencia Global incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fue desestimado por el Constitucional.
Otra de las 'broncas' entre el Gobierno y el Consell se centra en la multa impuesta por la Comisión Europea por la manipulación de las estadísticas de déficit durante años de gobierno del PP. El Ejecutivo estatal ha reclamado a la Generalitat el pago de los 19 millones de
--más 104.000 en intereses-- de la multa, pero el Consell entiende que debe ser el Ejecutivo de Rajoy el que asuma el importe.
Por otro lado, entre las principales medidas que ha hecho realidad el nuevo Gobierno valenciano destaca la derogación completa del copago para personas mayores y con diversidad funcional en los centros de día y su eliminación parcial en los centros residenciales.
Asimismo, el Consell aprobó un decreto para que los pensionistas y personas con diversidad funcional dejaran de pagar el copago farmacéutico a partir del 1 de enero, al que el Gobierno de Rajoy respondió con un recurso que está pendiente de resolverse.
Del mismo modo, el Ejecutivo central también ha recurrido la medida del Consell para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular. En un primer momento, el TC admitió el recurso lo que supuso la suspensión automática de la normativa, pero posteriormente el alto tribunal decidió levantar la suspensión.
En el ámbito educativo, el curso ha estado marcado por la polémica entre el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà y parte del sector de la enseñanza concertada, que ha criticado algunas de los cambios aplicados por la actual administración, como los introducidos en el decreto de admisión --se ha puesto fin al distrito único y han desaparecido los puntos que daban los colegios por circunstancias específicas o ser antiguo alumno-- o el arreglo escolar.
De educación también destaca de este primer año de Gobierno el programa experimental de aulas de dos años en centros públicos de infantil y Primaria, así como el plan denominado #XarxaLlibres para la gratuidad de los libros de texto.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha presentado un proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, que garantiza el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo y prevé la posibilidad de expropiar inmuebles a entidades financieras.
Uno de los temas más controvertidos de este Gobierno ha sido el referente a los horarios comerciales, ya que ha tenido que echar atrás --al menos de momento-- su voluntad de reducir las zonas de libertad horaria en domingo y festivos.
Uno de los primeros actos del actual Consell fue de "reparación" de los familiares de las víctimas del accidente del metro de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La Generalitat les pidió "perdón" y las Corts han desarrollado una comisión de investigación que, en su propuesta de dictamen, concluye que la tragedia fue "previsible y evitable".
Otra propuesta electoral en la que las Corts están trabajando es la puesta en marcha de la nueva Radio Televisión Valenciana (RTVV), que pasará a llamarse Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que podría ser realidad durante el próximo otoño.
El Consell ha insistido en que ha tenido que centrar parte de sus esfuerzos en solucionar los "pufos" que dejó el anterior Gobierno valenciano. En este sentido, la Generalitat se ha personado en varios casos de presunta corrupción como el de la llamada 'trama del fuego'
--en la que se encuentra investigado el exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano--; o los referentes al Palau de les Arts, el IVAM o el centro tecnológico Aido, entre otros.
Por otra parte, la Generalitat también ha tenido que hacer frentes a varias acusaciones de "enchufismo" en su Ejecutivo. Este ha sido el caso de la contratación de la hija de la secretaría autonómica de Sanidad, Dolores Salas, en la fundación Fisabio, dependiente de la Generalitat, que está investigando la Conselleria de Transparencia. El departamento que dirige Manuel Alcaraz también está estudiando si la directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía, Mónica Cucarella, ha incurrido en incompatibilidad al ser apoderada de una gasolinera que está denunciada por desobediencia al no haber descontaminado sus instalaciones.
