El Consell niega al PP el informe jurídico sobre la demanda al Gobierno por la infrafinanciación

VALENCIA. El informe que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, entregó al president Ximo Puig a principios de otoño continúa en una especie de limbo en el Palau.

Poco tiempo después de su nombramiento como jefe del Ejecutivo valenciano, el president anunció que la titular de Justicia estaba elaborando un documento con las posibles acciones legales que podría emprender el Consell contra el Gobierno central por el incumplimiento de la Lofca (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas). 

Seis meses después, poco se sabe de este documento. El Partido Popular valenciano solicitó en noviembre una copia íntegra del citado informe, así como del registro de entrada del mismo, que recientemente ha sido denegada por la consellera de Justicia. Bravo aduce en su negativa a que este informe es un "documento inicial de trabajo" que ha sido solicitado a petición del president y que, al haber sido entregado "en mano", no se puede facilitar copia del justificante de entrega.

Desde Justicia se añade además que el informe remitido a Puig está siendo utilizado "para la elaboración del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016" -ley que fija la principal vía de financiación de las autonomías-. Asimismo, en la respuesta de Justicia se insta al PP a solicitar el recurso una vez este se haya presentado. "Si su señoría sigue interesado y lo solicita, le serán facilitados tanto el citado recurso como el documento final que se realice" cita el documento de respuesta al PP; aunque, de nuevo, no menciona el informe preliminar elaborado en agosto.

El informe, que no es vinculante, fue entregado a principios de octubre directamente a Puig y fuentes de la Generalitat aseguraron que ni siquiera en Vicepresidencia conocían su contenido. 

Desde el anuncio en el discurso de investidura del president, el Consell ha reiterado numerosas veces la necesidad de una "financiación justa" y la amenaza de acudir a los tribunales contra el Estado. De momento, la Abogacía de la Generalitat prepara el recurso de inconstitucionalidad de los PGE.

El PP critica que no sea la primera negativa

En el PP ya se han quejado con anterioridad ante la negativa de acceso a la información. El pasado julio también se levantó polémica por el vídeo de FGV en el que se mostraba cúantos minutos había tenido que esperar la consellera de Vivienda, Maria José Salvador, en su primera visita a la entidad.

Según la consellera y la vicepresidenta, Mònica Oltra, el entonces gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Pablo Cotino, hizo esperar a la titular de Vivienda y Obras Públicas un cuarto de hora en plena ola de calor. Días después, el Consell anunció que Cotino sería despedido y se le tachó de "misógino".

Se entregó entonces una copia del video al diputado popular Alfredo Castelló, pero con carácter confidencial y este se quejó en la comisión pertinente de que no habían sido quince, sino dos, los minutos que había tenido que esperar la consellera, según desprendía el vídeo de las cámaras de seguridad de FGV.

Asimismo, la pasada semana la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, explicó en una rueda de prensa que el Consell les había negado otros documentos como contratos o las cajas fijas de las universidades.