El Consell negocia con la Sareb la compra de unas 200 viviendas para ampliar el parque público

VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática sigue adelante con sus planes para conseguir más inmuebles en la Comunitat Valenciana. Y esta vez busca hacerlo a través de la compra directa de viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb). Una fórmula novedosa hasta el momento porque, si bien es cierto que el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau ya ha sellado algún acuerdo con la entidad que preside Jaime Echegoyen, nunca había sido por la vía de la adquisición. 

Ha sido en esta segunda legislatura del Botànic y con la llegada del actual conseller cuando las relaciones Generalitat-Sareb han cambiado. La anterior responsable de Vivienda María José Salvador rechazó acuerdos con el conocido como 'banco malo' debido al estado de algunos de sus inmuebles y el elevado número de viviendas que tiene okupadas. Pero ahora, la actitud es otra. 

Así lo admitía hace meses el presidente de la Sareb cuando se firmó el primer convenio para la cesión de unas cien viviendas para afectados por la DANA en la Vega Baja (Alicante). "Llevo cinco años en Sareb y es la primera vez que vengo al Palau de la Generalitat. Para mí esto es indicativo de que existe una voluntad real de ponerse en marcha", señalaba entonces Echegoyen. 

Aquel primer convenio sirvió de primer paso para fijar los cimientos de lo que se quiere conseguir ahora: un convenio de colaboración para el resto de la Comunitat, pero que va más allá. Y es que entonces el acuerdo establecía la cesión de viviendas en usufructo para familias afectadas por el temporal y ahora la pretensión en la compra directa de inmuebles a la Sareb. Y no pocos. Se trabaja en la adquisición de unos 200, aunque todo dependerá de su estado y el acuerdo que se concrete.

"Estamos buscando los mecanismos jurídicos para la compra directa de inmuebles a la Sareb a la que ya hemos pedido que nos indique en qué áreas cuentan con inmuebles para ver en qué zonas nos interesa comprar directamente", señaló el conseller este miércoles en una comparecencia en Les Corts, en donde puntualizó que en un momento como el actual de emergencia habitacional y con los estragos de la crisis del coronavirus es más necesario que nunca ampliar el parque público de vivienda. "Si estas casas pasan a formar parte del patrimonio de la administración, cumplirán una función social", resaltó.

La Sareb cuenta con 9.000 viviendas distribuidas por diferentes puntos de la Comunitat Valenciana de un patrimonio inmobiliario total de 20.000 activos entre solares, locales e inmuebles privados. Las negociaciones, iniciadas hace meses, van en la línea de ampliar el parque público atendiendo las necesidades de los municipios.

"A día de hoy se han intercambiado nuestros intereses y su inventario y, en los siguientes pasos, se deberá proceder a inspeccionar el estado de los inmuebles para realizar las correspondientes valoraciones. Aunque debemos ser muy prudente con las cifras, puesto que en el proceso podrían producirse descartes, el perímetro con el que se trabaja actualmente supera las 200 viviendas", explican a este diario fuentes de la Conselleria de Vivienda.

Declaración responsable

Por otro lado, el conseller también avanzó en su comparecencia la voluntad de agilizar la tramitación de licencias de ocupación de vivienda a través de la declaración responsable. Para ello se está trabajando en un decreto al que puedan acogerse los ayuntamiento, salvo que por ordenanza municipal se aparten del régimen de declaración responsable, para agilizarse los trámites.

Las licencias de ocupación son necesarias en viviendas de nueva construcción y en viviendas existentes. No obstante, existe normativa urbanística posterior con rango de ley que permite que la primera ocupación de viviendas e instalaciones se sujete a declaración responsable, aunque no desarrolla su régimen jurídico, por lo que el desarrollo normativo se realiza por los Ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales.

Por tanto, a través de este proyecto de decreto lo que se buscaría es desarrollar un procedimiento ágil para los Ayuntamientos que permita la armonización de trámites y la reducción de plazos en la ocupación de las viviendas en suelo urbano, pero reforzando las garantías respecto del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y las facultades de inspección de los municipios, según explican desde Vivienda. El objetivo sería "darle la máxima celeridad y que se lleve al Consell en julio".