(Foto: EVA MÁÑEZ)VALENCIA, (EP). La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha indicado que la Generalitat mantendrá en "suspensión" la posibilidad de expropiación del usufructo de las viviendas vacías como contempla la Ley por la Función Social de la Vivienda, que se encuentra en trámite parlamentario, mientras exista la Ley de Segunda Oportunidad del Gobierno de España con el objetivo de que el Ejecutivo no pueda recurrir la norma autonómica.
Así lo ha indicado Salvador en una entrevista a Europa Press en la que ha defendido que con la ley que ha elaborado su departamento se da "un paso importantísimo" en el reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo y en que esté "en el corazón del Estado de Bienestar como la Sanidad, la Educación o la Dependencia".
Por ello y dado que en otras autonomías el Gobierno ha recurrido sus normas de Vivienda, ha explicado que el Consell "ha tomado precauciones" en el articulado que aborda la expropiación del usufructo de la vivienda y lo mantendrá "en suspensión" una vez se apruebe esta ley y mientras exista una Ley de Segunda Oportunidad con el objetivo de evitar un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España.
"Hemos querido hacer una ley sin invadir competencias estatales. Esperemos que no se recurra porque eso atentaría a toda la política de garantía de derechos que impulsa el gobierno valenciano", ha insistido la consellera.
Salvador ha destacado que con la norma se crea un registro de vivienda deshabitada para el cual se instará a los bancos a que registren los inmuebles que tengan vacíos. "No hacerlo ya será constitutivo de una infracción y, por tanto, de la consecuente multa que se puede aplicar", ha advertido para explicar que los recursos que obtengan de las multas se invertirán en políticas de vivienda.
"Venimos de meses de negociación con las entidades bancarias para que pongan a disposición parte de su stock de vivienda vacía y su reacción a fecha de hoy no ha sido positiva. Solo Caixa Popular, Caixa Ontiyent y Cajamar se han sumado a esa voluntad y el resto de entidades no reconoce que desahucian. Hemos buscado el consenso durante meses por lo que tenemos mayor legitimidad para aplicar ese mecanismos sancionador", ha indicado.
Sin embargo, la titular de Vivienda ha subrayado que la finalidad de la norma no es sancionar y, por ello, no se aplicarán las multas "desde el minuto cero". De hecho, ha remarcado que espera que cuando entre en vigor la ley haya "alguna reacción por parte de las entidades" y "voluntad de colaborar y asumir su responsabilidad social".
Respecto al caso de los particulares con viviendas vacías, ha explicado que se buscará un mecanismo "en positivo, estimulador y motivador" colaborando en la reforma del inmueble y con una póliza de seguros que cubra los posibles desperfectos que puedan sufrir sus inmuebles al ser alquilados.
"Será como una cesión a la administración de las viviendas para poder gestionarlas desde el parque público", ha explicado Salvador. "Además, esto nos ayudará a aumentarlo porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 700 inmuebles que no podían ser habitados", ha criticado para agregar que ya hay más de 300 viviendas reformadas y adjudicadas a familias.
Cuestionada sobre el dictamen "desfavorable" del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que rechaza la obligatoriedad de ceder viviendas vacías, Salvador que afirmado que "esa es la interpretación del CJC" que "no es vinculante". "Tenemos el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat al texto de la ley y evidentemente nosotros entendemos que las entidades bancarias han sido objeto de rescate público y, por tanto, tienen que asumir cierta responsabilidad social", ha defendido.
