El Consell pide al Constitucional que confirme su norma de sanidad universal

VALENCIA, (EFE). El Consell ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide que confirme "en todos sus extremos" el decreto ley valenciano que regula el acceso universal a la atención sanitaria, impugnado por el Gobierno, al entender que no tiene "ningún vicio de inconstitucionalidad".

El Gobierno valenciano ya solicitó el mes pasado al Constitucional que levantara la suspensión de la norma valenciana, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, que fue aprobada en julio y que el Ejecutivo central recurrió al entender que suponía una extralimitación competencial.

El Consell ha presentado ahora un nuevo recurso para pedir que se desestime la pretensión de inconstitucionalidad del decreto ley, en el que argumenta que el Constitucional "reconoce la posibilidad de que las comunidades autónomas mejoren el mínimo estatal prestacional en materia de sanidad".

El recurso, al que ha tenido acceso EFE, considera que no se puede hacer "ningún reproche" a la forma ni al fondo de la norma, ya que pretendía paliar una situación "de urgente necesidad", atendiendo al cumplimiento del principio de universalización de la atención sanitaria y de garantía de igualdad en su acceso.

También argumenta que se estableció en el marco de la doctrina constitucional -relativa a que las autonomías pueden dictar normas en materia de sanidad dirigidas a una mejora en su ámbito territorial-, y que no interfiere en las competencias de aseguramiento del Estado.

Además, expone que el Estado asegura un nivel mínimo homogéneo o un nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, pero este puede mejorarse por las comunidades autónomas, en virtud de su competencia sanitaria y de su autonomía financiera, a través de su cartera de servicios complementarios.

Por tanto, la Generalitat indica que su decreto ley parte de su "libertad" para configurar su cartera complementaria de servicios, y deja claro en el articulado que el colectivo de personas que pasarán a ser atendidas "no son, ni pueden ser, asegurados o beneficiarios" de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

"Nada más lógico que una Comunidad Autónoma con recursos suficientes para ello, en uso de sus competencias, pueda extender los instrumentos de protección sanitaria más allá del mínimo general del Estado", asevera la Generalitat.

El recurso defiende además que se usó la figura del decreto ley por una necesidad "extraordinaria y urgente" justificada, ya que el objetivo de la norma proteger la salud de todas las personas, incluidos los inmigrantes, y paliar la situación de colectivos con acceso limitado o no reglado a la sanidad pública valenciana.

Según la Generalitat, la eficacia y eficiencia de la acción asistencial, de promoción de la salud y de defensa de la salud del Sistema Valenciano de Salud se ha visto "comprometida", produciendo un impacto "negativo" en la salud de la población, e incluso en los mecanismos organizativos del Sistema Valenciano de Salud.

También argumenta que se contrasta la necesidad de la norma en que no hubo oposición a su convalidación en Les Corts, y destaca que en el poco tiempo de funcionamiento ha beneficiado a 2.800 personas, el 44 % hombres y el 56 % mujeres, que ya han accedido a una atención sanitaria normalizada.