Hoy es 7 de octubre
El Consell desvela que el Ministerio de Hacienda no ha aceptado ninguna de las dos alternativas planteadas por la Comunitat para afrontar el pago: un adelanto de la liquidación del sistema de financiación o la financiación vía FLA
VALENCIA. Los empleados públicos de la Comunitat cobrarán el 50% pendiente de la devolución de la paga extra de 2012 cuando la Generalitat disponga "de la liquidez necesaria para afrontar el desembolso", que ronda los 150 millones de euros. Así lo ha anunciado la Conselleria de Hacienda después de que el Ministerio de Hacienda se haya negado a facilitarle los fondos, una decisión que criticó porque supone "una bofetada a los funcionarios valencianos".
La Conselleria que dirige Vicent Soler explicó que el Ministerio de Hacienda ha rechazado la petición de la Generalitat para que se le habilitase la tesorería necesaria, formulada mediante una carta que le remitió hace semanas el propio conseller. En ella proponía dos alternativas para disponer de los 150 millones y "poder abonar ya el 50% de la paga extra pendiente de 2012" a los empleados públicos autonómicos, una retribución que los funcionarios del Estado sí han cobrado en abril y mayo.
En su misiva, el conseller demandada esa liquidez "mediante el instrumento" que el ministerio considerase adecuado para propiciar la restitución de la extra de 2012 a los funcionarios de la Generalitat, "en los mismos términos que lo hace la Administración del Estado".
Una de las alternativas propuestas era un anticipo de la liquidación del sistema de financiación autonómica que se cobra en julio y que en el caso de la Comunitat Valenciana ascenderá a 1.245,21 millones de euros, según precisan fuentes de la Conselleria.
La otra posibilidad era financiarlo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pero también ha sido rechazada por el Ministerio porque debería imputarse al déficit de este año, que ya está siendo financiado con el dinero del fondo de financiación de las comunidades, y no podría autorizarse financiación adicional.
En su respuesta, firmada por la secretaria de Estado de Administración Públicas, Rosana Navarro con fecha del 27 de mayo, el Ministerio argumenta que los anticipos de tesorería se conceden para "atender desfases transitorios de tesorería" y que éste no sería el caso, ya que la cantidad pendiente de devolver a los funcionarios "ha de ser considerada como un incremento de los gastos del ejercicio concreto en el que esté previsto su abono".
Además, recuerda que la Comunitat tiene previsto ese abono con cargo a sus presupuestos de 2016 por lo que, al ser un "gasto estructural", no procede otorgar el anticipo.
Respecto a la posibilidad de un anticipo, la Conselleria subraya que el Gobierno central "solo ha transferido hasta la fecha el 42% de los fondos de la liquidación de 2014, un dinero que es de la Comunitat pero que el Ejecutivo central no abona hasta dos años después (en julio se ingresará la liquidación de 2014), cuando el año pasado envió al anterior Consell el 73% de los recursos que integraban la liquidación de 2013".
"Montoro ha dado un no rotundo a los funcionarios de la Generalitat, negándoles ayuda para facilitar que cobren en los mismos términos que los del Estado y generando un agravio comparativo grave y, sobre todo, terriblemente injusto", ha explicado la secretaria autonómica Clara Ferrando.
Ferrando ha lamentado la "infrafinanciación crónica" que sufre la Comunitat por el modelo de financiación, a lo que se suman "las dificultades de tesorería provocadas por el propio Ministerio". En este sentido, acusó al Ministerio de Hacienda de mantener "bloqueado" el FLA de la Comunitat correspondiente al primer trimestre del año "cuando ya ha dado vía libre al del resto de autonomías".
"Es una bofetada a los funcionarios valencianos, a los que se pretende considerar como empleados públicos de segunda. No lo vamos a consentir", recalca la secretaria autonómica.
La secretaria autonómica de Hacienda insistió en que el ministerio inyectó al anterior Consell del PP, en época preelectoral, anticipos por valor de 727 millones, de los que 500 millones correspondían a la liquidación -que ese año ascendía a 684 millones- y 227 a la financiación de meses posteriores (entregas a cuenta). En contraposición, la cantidad recibida por el actual Consell es casi un 30% inferior.