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VALENCIA. El Consell recurrió el año pasado al plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para pagar parte de la deuda asumida por las obras de ampliación de Feria Valencia. Así consta en el informe de fiscalización de las cuentas públicas de la Generalitat que anualmente elabora la Sindicatura de Comptes, que en 2014 ha tenido acceso por primera vez a las cuentas de la Feria a pesar de ser considerada un ente público a efectos de contabilidad nacional.
El síndic explica en su informe que en 2014 la Generalitat asumió 1.059 millones de euros de deudas de entes públicos a través de diferentes mecanismos de financiación, como los que el Gobierno habilitó en 2012 para que las comunidades autónomas sin posibilidad de financiarse en los mercados pudieran atender sus compromisos de deuda financiera y comercial.
Entre las operaciones incluidas el pasado año se encuentran las obligaciones contraídas por los avales y subvenciones a favor de Feria Valencia para devolver los créditos que sirvieron para financiar la ampliación del recinto impulsada por Rita Barberá en 2002. En concreto, se pagaron 2,7 millones de euros mediante el mecanismo de proveedores y otros 14,6 millones a través del FLA, correspondientes a los convenios de financiación.
En sus cuentas de ese año, el recinto ferial ya reconocía haberse beneficiado del plan de pago a proveedores debido a que en 2013 fue clasificada como "unidad institucional pública dependiente de la Comunidad Valenciana y, por tanto, dentro del sector de administraciones públicas a efectos de contabilidad nacional".
El Instituto Valenciano de Finanzas anunció recientemente la aprobación de un decreto ley por parte del Consell con el que la Generalitat renunciará a su derecho de reclamar al recinto ferial los 151 millones de euros aportados hasta el momento correspondientes a la primera fase de la ampliación.
Un pasivo no reconocido de 522 millones
La Sindicatura considera que la Generalitat no contabiliza correctamemte en sus cuentas las obligaciones de pago por los compromisos de financiación adquiridos por la Feria. Así en el anexo para justificar las salvedades que plantea el informe, sostiene que las cuentas públicas deberían reflejar en su pasivo un cargo de 522,1 millones de euros por las subvenciones al recinto.
La cantidad corresponde a las cuotas de capital pendientes que el órgano fiscalizador estima que la administración tendrá que satisfacer como consecuencia de los dos convenios por los que la Generalitat se comprometía a
La Sindicatura realiza esta cálculo a partir de los 31,6 millones de euros que la Generalitat pagó en 2014 por los intereses y el principal de los vencimientos correspondientes a los citados convenios, firmados en 2002 y en 2007 y teniendo en cuenta las amortizaciones pendientes.
Además, el síndic recuerda que, durante los ejercicios de vigencia de ambos convenios, la Generalitat se ha hecho cargo de toda la carga financiera al no contar Feria Valencia con recursos necesarios para devolverla.
La Generalitat planteó alegaciones a la falta de reconocimiento de los pasivos financieros asociados a la Feria que denunció la Sindicatura. En ellas, el interventor general argumentó que no existe una "obligación exigible e incondicional", ya que depende de que Feria Valencia cumpla las "obligaciones" previstas en los convenios de financiación, pero asegura que en las cuentas de 2015 la Generalitat dotará "la oportuna provisión por responsabilidades" por el importe de las anualidades futuras.
Reducir las subvenciones por los sobrecostes
En relación al tratamiento contable de esos compromisos, la Sindicatura detalla que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) preguntó a la Intervención de la Generalitat cómo debía proceder para liquidar los vencimientos ligados al convenio de 2007, el que regula la subvención recibe Feria Valencia para devolver los créditos que se pidieron para la segunda fase de la ampliación de los pabellones.
El IVF se dirigió a la Intervención después de que el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda revelara la existencia de sobrecostes de hasta el 86% en la ejecución de la segunda fase de la ampliación y se mostrara a favor de reducir la subvención a la Feria en la misma proporción que los sobrecostes acreditados.
A la fecha redactar su informe, el Síndic sostiene desconocer si se ha dado una respuesta a la consulta planteada por el IVF y su efecto sobre la contabilización de las operaciones con la Feria.
