La Generalitat pide 72 millones más a los compradores al reclamar los impuestos a partir del valor catastral de los inmuebles y no sobre su precio real
VALENCIA. No habrá más cartas sorpresa a los compradores de inmuebles de segunda mano en la Comunitat. Al menos por el momento. El Consell ha suspendido -de forma temporal- la liquidación extra a los propietarios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Esta práctica, ideada por el anterior ejecutivo valenciano, consistía en reclamar más dinero a los dueños al calcular el tributo a partir del valor catastral y no sobre el precio real del inmueble, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha fallado en una sentencia a favor de un afectado y la Generalitat parece dispuesta a desmontar el sistema ideado por el PP.
El sector inmobiliario lleva tiempo denunciando que las liquidaciones de la Generalitat suponen el cobro de miles de euros extra por cada transacción, puesto que los actuales precios, debido a la crisis, son significativamente inferiores a lo que marca el catastro.
En suma, según informa la Conselleria de Hacienda, la cantidad reclamada de más por la administración asciende a 72 millones de euros. La medida generó un amplio rechazo del mercado que se tradujo en más de 18.000 procesos judiciales contra las liquidaciones del Consell, según informa la Conselleria de Hacienda.
En la Comunitat el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales está cifrado en el 10% del valor de la vivienda adquirida, de modo que, por un inmueble de 100.000 euros, el comprador está obligado a abonar a la Generalitat 10.000 euros en concepto de ITP. Pero las transacciones, hasta la fecha, eran revisadas por la administración autonómica con el argumento de "evitar posibles casos de fraude".
El la práctica, el proceso consistía en que la Generalitat obviaba por sistema el pago realizado según el precio real de la vivienda y lo recalculaba a partir del valor catastral, de modo que si la propiedad comprada por 100.000 euros estaba valorada por el catastro en 150.000 euros la administración exigía al propietario elevar el pago de la tasa a 15.000. La reclamación, en este caso, se materializaba en una carta al propietario en la que le reclamaban los 5.000 euros restantes.
El envío de estas misivas es, precisamente, lo que acaba de suspender el Consell de forma temporal, y todo apunta a que la decisión final del conseller de Hacienda, Vicent Soler, sea acabar con la recaudación extra a través de esta tasa impulsada por su antecesor Juan Carlos Moragues, actual delegado del Gobierno en la Comunitat.