VALÈNCIA. El Consell suspende las oposiciones de À Punt tras haberse reunido con los sindicatos. Así lo ha declarado el portavoz parlamentario del PP, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa de presentación de la reforma de la Ley de Radiotelevisión Valenciana, pactada con Vox. Esta reforma también supondrá la fusión de los dos entes que gestionan ahora el servicio público en un único ente, con una gobernanza totalmente diferente a la actual.
Poniendo en marcha este proceso, los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, han anunciado que las oposiciones se anularán, una medida que pedían los sindicatos y que rechaza la Unió de Periodistes, porque cada mes de interinidad que pasa, aumenta la diferencia de puntos entre el personal de À Punt que se presenta a las oposiciones y las personas que no forman parte actualmente de la plantilla.
Este era uno de los grandes debates, tal y como ha informando este diario: las oposiciones se encontraban en un limbo, al estar oficialmente convocadas pero sin fecha. Los diferentes sindicatos presentes en el Comité de Empresa defienden bien cancelar esas oposiciones y sustituirlas por un concurso-oposición, o bien optar directamente por la fijeza de los puestos de trabajo interinos.
La conversión en ente público supondría, según han apuntado anteriormente a este diario fuentes conocedoras del proceso, la subrogación del personal y determinar la figura de los trabajadores, que sería laboral. El PP quiere trasladar el mensaje de que no existe peligro para la actual plantilla, aunque dentro de la radiotelevisión hay dudas de que así sea.
Todo apunta a que, ya sea por parte de la Unió de Periodistes, que exige que se realicen cuanto antes las pruebas, como los sindicatos, que pedían directamente su suspensión, la selección de personal del nuevo ente acabará judicializada.
Barrachina y Llanos han anunciado la suspensión, aunque no han concretado la manera y el alcance de la medida: ¿se suspenden las pruebas ya convocadas? ¿qué respaldo legal tendría esto tras una fusión que cambia la naturaleza de la empresa que resulte del nuevo ente? Vicent Marco, presidente de Unió de Periodistes, considera que "no se puede hacer un proceso de estabilización y lo que se ha anunciado hoy es simplemente una congelación. Por tanto, un retraso de las oposiciones, que se tendrán que hacer en algún momento. Esperemos que sea lo antes posibles. Pedimos al Consell Rector a que, mientras se transmita la ley, convocar las oposiciones, para salir de este proceso de inestabilidad que ya suma ocho años".
Según reza la nueva norma propuesta por PP-Vox: "El Consejo de Administración aprobara en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), con el procedimiento establecido en la presente ley. En tanto en cuanto se apruebe esta nueva RPT se suspenden los procesos de selección de personal ofertadas a través de las distintas ofertas de empleo tanto de la CMCV como de la SAMC".
La ley también contempla la conservación del estatus laboral del personal ya contratado actualmente por À Punt: "La CACVSA [el nuevo ente público único] se subrogará en la misma posición jurídica que ostentaba las extintas Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SMCV) en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral, convencional o extra convencional, y de seguridad social de los trabajadores. Se respetarán en todo caso la categoría profesional, la antigüedad y los derechos económicos adquiridos por el personal mencionado, así como sus derechos sociales. (...) En consecuencia, el personal laboral que presta sus servicios en la CVMC y la SAMC se adscribirá a la CACVSA en la mismas condiciones y derechos de los que eran titulares".
La nueva ley de À Punt elaborada por el PP y Vox cambia la estructura de los órganos que la dirigen. El motivo es que, como ha venido informando Valencia Plaza, se fusionan las dos sociedades que componen la radiotelevisión: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de À Punt– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. Así, la forma jurídica pasa a ser la de ente público.
Con ello desaparece el actual Consell Rector de la Corporació (el máximo órgano de gobierno y administración). En su lugar, se crea un Consejo de Administración al uso. Estará conformado por un total de ocho miembros, un número menor al actual. Y la gran novedad reside en la forma de elección.
Siete de estas personas serán escogidas por los grupos parlamentarios de Les Corts y una por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).