VALÈNCIA. La nueva ley de À Punt elaborada por el PP y Vox cambia la estructura de los órganos que la dirigen. El motivo es que, como ha venido informando Valencia Plaza, se fusionan las dos sociedades que componen la radiotelevisión: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) –la sociedad mercantil en la que se incluye el grueso de la plantilla de À Punt– y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) –la entidad encargada de la gestión del servicio público–. Así, la forma jurídica pasa a ser la de ente público.
Con ello desaparece el actual Consell Rector de la Corporació (el máximo órgano de gobierno y administración). En su lugar, se crea un Consejo de Administración al uso. Estará conformado por un total de ocho miembros, un número menor al actual. Y la gran novedad reside en la forma de elección.
Siete de estas personas serán escogidas por los grupos parlamentarios de Les Corts y una por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta pueden dar luz verde en solitario los partidos de Gobierno.
Lo lógico es que los populares traten de negociar con la oposición, dado que parte de los vocales actuales del Consell Rector son a propuesta de los grupos por mayoría de tres quintos y éstos participaron en el reparto la anterior legislatura. Pero la nueva ley lo que permite es que los partidos de Gobierno, sean los actuales o los que estén en el poder más adelante, lo podrán sacar adelante en solitario. A corto plazo, por lo tanto, el PP y Vox se aseguran el control del órgano directivo de la radiotelevisión si no existe pacto con la izquierda.
Esta manera de elección del Consejo de Administración elimina asimismo la cuota de representantes que tenía el Consejo de la Ciudadanía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y los trabajadores de la Corporación.
A ello se añade que habrá una figura de director general, que tendrá el poder ejecutivo. Será nombrado a propuesta del Consejo de Administración también por un periodo de cinco años.