VALENCIA (VP/AGENCIAS). El Consell repetirá en su Presupuesto de 2017 la maniobra que ya realizó en el de 2016 y volverá a incluir los ingresos que le corresponderían si se reformase el sistema de financiación autonómico, una partida que en las últimas cuentas se elevó a 1.300 millones de euros. Se trata de unos recursos no asegurados al no existir ninguna expectativa de reforma del sistema a corto plazo que el Consell volverá a contemplar en sus presupuestos a modo de desafío y reclamación política ante el Gobierno en funciones.
Así lo anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, este lunes cuando en relación al Presupuesto de 2017 indicó que la infrafinanciación que afecta a la Comunitat "no es un problema sólo de los valencianos" sino "de España". "Lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es renunciar a que los valencianos tengan los servicios públicos que se merecen", justificó Puig, quien añadió: "No es razonable, no es presentable y no es admisible que lo que otras comunidades autónomas tienen como recursos ordinarios de financiación nosotros lo tengamos a través de créditos que debemos pagar en el futuro".
Con ello el Gobierno valenciano consigue cuadrar sus cuentas para ajustarse a la exigencia del 0,5% de déficit sobre el PIB impuesto por el Gobierno para las comunidades autónomas en 2017 sin tener que presupuestar más recortes.
De no incluir esa expectativa de ingresos, la Conselleria de Hacienda tendría que recurrir a otros ingresos ficticios -como ya ocurrió en presupuestos anteriores con los ingresos por venta de patrimonio que presupuestaba el PP- o a presupuestar por debajo del gasto real. Así lo justificó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con los Presupuestos de 2016, cuando el objetivo de déficit para las comunidades era inicialmente del 0,3% pero posteriormente se elevó hasta el 0,7%.
Pero esa es la teoría, ya que mientras la Comunitat no reciba del Estado los recursos que le permitan financiar el déficit al menos en el mismo nivel que la media de las Comunidades Autónomas, la región está abocada a incumplir de nuevo esa exigencia. De hecho, el Consell tuvo que retirar del Plan Económico-Financiero (PEF) presentado este verano al Ministerio de Hacienda la polémica previsión de ingresos de 1.325 millones en 2016.
Según explicó entonces Soler, el Ministerio de Hacienda impuso a la Generalitat que en la previsión de cierre de ingresos de 2016 no se incluyesen esos ingresos de dudoso cobro porque, de lo contrario, no se aprobaría el Plan de Ajuste ni el PEF y se mantendría el bloqueo de 1.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ordinario y extraordinario que el departamento de Cristóbal Montoro mantuvo hasta cuatro días antes de las pasadas elecciones generales del 26J.
Un Gobierno "desleal" con la Comunitat
Este lunes, el jefe del Consell lamentó el "nivel de deslealtad del Gobierno de España con la Generalitat en los últimos años" y ha insistido en pedir que "no haya distintas velocidades entre españoles". "Que la Comunitat Valenciana sea sensata no implica que sea sumisa", reiteró.
Puig destacó que el Ministerio de Hacienda es "consciente" de la falta de recursos que sufre la Comunitat de ello y consideró que "no se puede decir que la Comunitat está mal financiada y luego no hacer nada".
Además, Puig instó al PP a estar al lado del Gobierno autonómico en la defensa de una financiación justa para los valencianos y de su "interés general". Asimismo, mostró su voluntad de "sentarse" con el Gobierno central en funciones para tratar temas que afectan a la Comunitat y abordar el "maltrato" al que se ha sometido a esta autonomía.
"El Gobierno de la Generalitat defiende el interés de los valencianos y las valencianas y me gustaría que el PP estuviera al lado de la Generalitat y de los valencianos en la defensa de su interés general", declaró Puig.
A ello añadió que la "deuda del PP" llega a "más de 40.000 millones de euros, unos vinculados a la corrupción y otros a la mala financiación". Para Puig, los intereses del FLA están "asociados a la infrafinanciación" de la Comunitat, por lo que reclamar una financiación adecuada y no abonar esos intereses es "defender el interés general de los valencianos".
A continuación, negó que el suyo sea un gobierno "frentista" y expresó su deseo de "sentarse con el Gobierno en funciones y tratar cosas y el maltrato a la Comunitat Valenciana". "No es nada de frentismo, es resolver los problemas que lastran a la Comunitat y a su economía", insistió.