VALÈNCIA. Parecía que las alegaciones realizadas por la candidatura de Valencia Innovation District al concurso de la Estación Marítima pasarían sin pena ni gloria hasta la comisión delegada encargada de formalizar la adjudicación a la propuesta Valencia Innovation Bay, encabezada por la empresa belga Fosbury and Sons. La primera fecha en el calendario era el 11 de septiembre, que pasó a ser el 18 y que, de nuevo, ha sido aplazada.
Finalmente no será este martes cuando se dé las llaves al futuro gestor de este hub tecnológico en la Marina de València y es que la comisión delegada del Consorcio Valencia 2007 ha considerado justo dejar trámite de audiencia a la propuesta apoyada por la Asociación Valenciana de Startups tras las discrepancias presentadas por escrito, además de la solicitud de información sobre el proceso en el mes de septiembre.
Fuentes del ente apuntan a un plazo de diez días pero no se especifica desde qué momento se pone en marcha el contador y aseguran que es "una cuestión ordinaria". Sobre el porqué no se ha iniciado antes este trámite -ya que la apertura del sobre económico fue el 1 de agosto- apuntan a "vacaciones y cuestiones de agenda". De hecho, fue la evaluación de la oferta económica -donde la compañía belga obtuvo la ventaja- la que generó tensión en el proceso para gestionar este edificio de 7.000 metros cuadrados.
Desde Valencia Innovation District aseguraran en su escrito, al margen de otras cuestiones, que la propuesta de Fosbury and Sons no cumple las condiciones establecidas en los pliegos para aplicar las fórmulas matemáticas correspondientes. Esto se debe a que la compañía belga optó por un canon variable que se incrementa con el paso de los años, una opción que no estaba registrada en las bases pero que el comité evaluador dio por válida. Mientras, la propuesta valenciana resultó ganadora en la parte técnica con un 20% más de puntuación.
De momento no ha trascendido cuál será el business plan de la empresa belga para poder hacer frente a un canon que rondaría los 20.000 euros mensuales aunque Fosbury and Sons es especialista en la puesta en marcha de espacios de coworking. Mientras, la propuesta apoyada por la Asociación Valenciana de Startups es la de combinar un modelo de tarifas asequibles por ocupar los puestos de trabajo con el patrocinio del espacio, para el que ya estaban confirmados Caixabank, Global Omnium y Marina de Empresas.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda aún no tiene una fecha para el nombramiento de su secretaria de Estado como vocal del consejo rector del Consorcio València 2007. Aunque estaba previsto por parte del Consejo de Ministros de hace tres semanas, éste aún no se ha hecho efectivo. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguran a este periódico que será "en breve", pero no concretan la fecha para que el Ejecutivo formalice el nombramiento de Inés María Bardón como vicepresidenta del consejo rector del Consorcio en representación del Estado.
Este retraso impide cubrir la vacante que se generó con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a finales de mayo, aunque fuentes de la Conselleria de Hacienda señalan que no altera el proceso de adjudicación de la Estación Marítima. Mientras, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea ha acordado ampliar el plazo que dio al Gobierno de España para que explique cómo piensa asumir 350 millones de deuda del Consorcio València 2007, tal y como explicaba este lunes Valencia Plaza.
Un requerimiento que forma parte del expediente abierto por Bruselas para investigar si el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las infraestructuras necesarias para la celebración de la America's Cup de vela en 2007 y 2010 puede ser una ayuda de Estado ilegal. En concreto, Bruselas ha accedido a extender en un mes el límite para reunir la documentación que se le requiere para justificar la adecuación de esa operación a las normas comunitarias de ayudas estatales, dado que el plazo de 30 días concedido inicialmente coincidió con el mes de agosto. La Comisión exige conocer las condiciones concretas de la medida pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Consell de Ximo Puig para librar al Consorcio de gran parte de su deuda.
