València quiere embargar las multas impagadas a personas que viven fuera de la Comunitat

VALÈNCIA. El pasado viernes el pleno del Consell aprobó una adenda para prorrogar un año más el convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana y el Ayuntamiento de València en materia de embargos por multas de tráfico, ORA, sanciones y otros tributos municipales a realizar fuera del término municipal de València. La prórroga de esta colaboración se extiende hasta junio de 2020. En la rueda de prensa, la portavoz del Consell y vicepresidenta en funciones, Mónica Oltra, explicó que el desarrollo del convenio hasta ahora ha sido muy satisfactorio para ambas administraciones.

Una impresión que comparte el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València en funciones, Ramón Vilar, quien asegura que con la renovación del convenio se han sentado las bases para que durante los próximos cuatro años de mandato se puedan recuperar una gran cantidad de millones de euros. Junto a los embargos sobre multas y sanciones se incorpora ahora la gestión de la deuda tributaria y en muy breve periodo de tiempo lo harán también las denominadas “grandes sanciones”.

Por el momento la medida está siendo “un éxito”. El concejal de Hacienda saca pecho. Las simulaciones de remesas enviadas a la Agencia están siendo mejor de lo esperado. Según los cálculos del regidor socialista, “casi doblaremos los ingresos actuales de alrededor de seis millones de euros que hemos cobrado en multas y sanciones”. Serán pues 12 millones que se obtendrán gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria Valenciana.

Un convenio imprescindible, porque los ayuntamientos sólo tienen capacidad de embargo sobre cuentas corrientes que estén abiertas en oficinas bancarias que correspondan a su termino municipal. Así, el Ayuntamiento de València perdía millones de euros en multas a ciudadanos que se aprovechaban de este vacío legal. 

Por el contrario la competencia de embargo de la Agencia Tributaria Valenciana se extiende a todo el territorio de la Comunidad. Desde la firma del convenio, el consistorio informa a la Agencia de que cuentas deben ser embargadas, la Agencia ejecuta y le remite el dinero al Ayuntamiento. Es su cobrador del frac.

Más allá de Buñol

La intención del Ayuntamiento de València ahora es imitar esta colaboración con la Agencia Tributaria de España. La idea sería poder reclamar y embargar a aquellas cuentas corrientes abiertas en oficinas bancarias de fuera de la Comunitat, para que nadie puede escudarse en que es de otra provincia para no pagar las multas que se le hubieran impuesto. En el punto de mira, además de cobrar las multas impagadas, también tasas, sanciones y cualquier tipo de deuda que se tuviera con el Ayuntamiento.

Esta medida se enmarca en el objetivo de aumentar los ingresos del consistorio sin incrementar la carga impositiva sobre los ciudadanos. En el Govern de la Nau han defendido en todo momento que para engordar los haberes municipales era más lógico optimizar la gestión y trabajar para impedir que quienes incumplen las normas puedan salir beneficiados. “Es simplemente hacer una cosa tan justa como es que el que tenga una obligación de pago con nuestro Ayuntamiento no pueda liberarse de la misma por no tener cuenta corriente domiciliada en Valencia”, señalaba Vilar.

Ejemplo de esa eficencia que están poniendo en práctica en el consistorio, Vilar puso en valor que el periodo medio de pago a proveedores en mayo de 2019, sobre el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, ha sido de 26'7 días. Teniendo en cuenta que la ley permite una demora de hasta treinta días, se puede decir que València vuelve a estar en plazo. Igual que el Ayuntamiento quiere que le paguen quienes deben hacerlo, entiende que el consistorio también debe abonar a tiempo.