El 'copy-paste' de Estatutos en el PP debilita la 'línea roja' de Bonig

VALENCIA. El papel del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en el XVIII Congreso Nacional del próximo mes de febrero todavía no ha sido aclarado. La presidenta valenciana de la formación, Isabel Bonig, superada la decepción de no participar de las ponencias más relevantes como la de Estatutos o la Económica-Territorial, planea sacar pecho del área social donde fue incluida e impulsar una enmienda a favor de la Ley de Custodia Compartida que se aprobó en el ámbito autonómico de cara a exportarla al resto del Estado.

Ahora bien, hasta el momento no hay decisión tomada -al menos así lo aseguran las fuentes del partido consultadas- respecto a las enmiendas a presentar respecto a otras cuestiones como la regeneración democrática, primarias o la propia financiación autonómica, un aspecto este último que supera los límites orgánicos para afectar a todos los valencianos.

Así, y a falta de las conclusiones que se extraigan de las reuniones con compromisarios que se están produciendo estos días, hay dos asuntos en el ámbito interno sobre los que no se ha tomado una decisión: seguir en la línea de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y abogar por unas primarias para la elección del líder del PP en la que participen todos los militantes y, por otro lado, proponer un endurecimiento para los cargos del partido que sean imputados. Una 'línea roja' que Bonig ha querido aplicar en la Comunitat y que también Cifuentes se plantea introducir como enmienda en la ponencia de Estatutos. 

Desde luego, no puede decirse que el texto coordinado por el responsable de Organización, Fernando Martínez Maillo, sea demasiado novedoso en este apartado. Basta con comparar el texto propuesto con los estatutos aprobados en 2012 en este epígrafe para observar casi un copy-paste entre ambas versiones. Quizá demasiado poca atención para unas situaciones y circunstancias sobre las que se han escrito ríos de tinta en los últimos cuatro años y que, especialmente en el caso del PP, le han generado un cúmulo de sinsabores.

Así, tal y como se aprecia, la única reflexión novedosa es la siguiente: "En caso de delito flagrante de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías a la vista de la gravedad de los hechos y la alarma social creada podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Anteriormente, el enunciado era más corto y simplificado: "El Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso congreto". En cualquier caso, ambos párrafos dejan entrever el margen de interpretación subjetiva por parte de los órganos correspondientes: es decir, la indiscutible capacidad de maniobra para la cúpula del partido.

Por lo demás, se mantiene la imputación -ahora llamada investigación- en un presunto caso de corrupción como momento para la apertura de un expediente informativo y la apertura de expediente disciplinario cuando se produzca la apertura del juicio oral. Una resolución que llegará cuando se dicte sentencia o en su caso auto de sobreseimiento. Es decir, la llamada 'línea roja' para la salida de un cargo no se movería ni un milímetro.

Así pues, Bonig y sus compañeros del PPCV tienen ante sí el dilema de dar un paso adelante y presentar enmiendas acerca de las primarias siguiendo la estela -tal y como en su día anunciaron- de los populares madrileños. Además, la líder regional también podría proponer cambios en los estatutos donde se fuera un poco más allá en la 'línea roja', tal y como ha intentado aplicar a los concejales investigados por el presunto caso de 'pitufeo', exigiéndoles el acta y remitiendo a Génova un informe buscando su salida del partido. Expediente que, por otro lado, todavía tiene paralizado el Comité de Derechos y Garantías Nacional. 

Por último, tampoco hay respuesta a si desde la cúpula regional o a través de algún dirigente destacado se presentará alguna enmienda de cara a limar algunos aspectos de la financiación autonómica que se contemplan en la ponencia Económica-Territorial y que resultan alejados del informe de expertos de Les Corts avalado por el PPCV.