VALENCIA. El Corte Inglés ha presentado un segundo recurso administrativo contra la subida del IBI de Joan Ribó. La firma, que ya cursó en 2016 la reclamación económico administrativa contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles que recibió en dicho ejercicio, ha hecho lo propio en el presente 2017 tras recibir de nuevo una liquidación que supera en un 36% lo que pagaba con el anterior gobierno municipal.
Así lo confirman a Valencia Plaza fuentes conocedoras del proceso, que explican que el incremento que sufrió en 2016 El Corte Inglés fue de aproximadamente un millón de euros, al pasar de los alrededor de tres millones abonados en 2015 -antes del cambio aprobado por el nuevo equipo de gobierno- a los cuatro que de este año y el anterior.
Se da la circunstancia de que la primera reclamación de la enseña no ha sido valorada todavía por el Jurado Tributario, el órgano competente para analizar el incremento en las liquidaciones contra le que se recurre. Tras agotarse esta lenta vía administrativa, en caso de que El Corte Inglés no quede satisfecho con la resolución de este ente, los grandes almacenes podrían recurrir al Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (TEAR).
El Corte Inglés no fue el único en recurrir la subida del Ayuntamiento de València. También lo hicieron otros grandes tenedores de inmuebles como los dos principales clubes de fútbol de la ciudad. Tanto el Valencia CF como el Levante UD tramitaron la reclamación económico administrativa contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles que recibieron por sus estadios, tal y como informó este diario.
En la misma línea, otros nombres ilustres del empresariado valenciano como la Inmobiliaria Guadalmedina (Grupo Igsa), del promotor Enrique Ballester; o la familia Montoro -copropietaria, entre otros inmuebles, del complejo comercial y de ocio Aqua-; también se sumaron a la larga lista de reclamaciones, entre las que también se encontraban los principales hoteles de la ciudad, el Real Club Náutico de Valencia y hasta la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR), que fue la única firma de capital público que se enfrentó a la administración local por el cambio tributario.
El Gobierno local de València defendió la subida con el argumento de que era la única gran ciudad del país que no contaba con tramos diferenciados del tributo para las grandes propiedades. "El Corte Inglés aquí pagaba el IBI más barato que en toda España", explicaron entonces.