La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los tropiezos que ha sufrido la Ley de Función Pública desde que Compromís y PSPV se pusieron de acuerdo sobre el requisito lingüístico hace ahora ya más de un año son infinitos. Y este jueves sufrió uno más. Esta vez en la reunión del 'consellet' -cita que mantienen los subsecretarios de las consellerias en la que dan luz verde a los acuerdos que pasarán el día siguiente por el pleno del Consell-.
Los representantes de la coalición valencianista en el citado órgano se negaron este jueves a que el decreto ley de Función Pública elaborado por la cartera de Gabriela Bravo y que salva los reparos que en su día puso el Gobierno central a 14 artículos de la norma sea aprobado esta semana. ¿El motivo? No hay discrepancias en el fondo, pero sí en la forma en la que ha llegado el texto.
Según fuentes de Compromís consultadas por este diario, quedó acordado hace semanas que este decreto ley se aprobaría en el mismo pleno en el que se diera luz verde a otro texto legal que afecta a personal sanitario y de educación que tuvo que decaer del decreto 'omnibus' validado la semana pasada en Les Corts.
No obstante, este texto legal que afecta a Sanidad y Educación que debe tener listo Presidencia sigue sin estar cerrado. Por lo que en los valencianistas se niegan a que el decreto de Función Pública pase el filtro del consellet en solitario y siga su curso en Les Corts sin que la otra norma que afecta a personal -nuevas escalas salariales, subrogación de personal, o composición de consejos de administración de las mercantiles públicas, entre otras cuestiones- esté listo. Desde el departamento de Bravo niegan, no obstante, que existiera ningún tipo de acuerdo al respecto y aseguran que no van "a aceptar nunca la política de extorsión".
En este punto, cabe recordar que el Consell aprobó hace unas semanas el denominado 'decreto omnibus' y los grupos parlamentarios dieron luz verde en Les Corts el pasado 26 de mayo. PSPV, Compromís y Unides Podem aprovecharon esta norma como si de un cajón de sastre se tratara para realizar más de una veintena de modificaciones legales: en presupuestos, Acompañamiento, publicidad institucional, función social de la vivienda, memoria democrática u ordenación del transporte metropolitano de Valencia.
Entre tanto cambio legal, socialistas, valencianistas y morados también colaron modificaciones en la Ley de Función Pública para salvar los reparos que puso el Ejecutivo de Pedro Sánchez a parte del redactado después de que la comisión bilateral Gobierno-Generalitat llegara a un acuerdo.
Sin embargo, un informe advertía que estos cambios no habían pasado por el filtro de la mesa de diálogo del sector público y, por tanto, no podía aprobarse por el Consell. Por lo que las modificaciones que afectaban a la ley de Función Pública deberían introducirse en un nuevo texto legal tras ser acordado con los sindicatos.
Ahora el texto vuelve a quedarse sobre la mesa. "No ha respetado lo que se acordó y lo ha metido en el orden del día del consellet sin tener listo el otro decreto", advierten fuentes del Consell consultadas por este diario. "No es que lo queramos frenar, es que alguien no ha cumplido en lo que quedamos", añaden.
Los tres partidos del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- lograron sacar adelante la Ley de Función Pública en abril de 2021 tras cinco años de idas y venidas. Aunque comenzó a redactarse al inicio de la legislatura pasada, las diferencias entre socialistas y valencianistas por el conocimiento del valenciano que deberán tener aquellos que deseen acceder a un puesto en la Administración valenciana bloqueó la norma durante todo el mandato.
Las negociaciones entre las partes no se retomaron hasta febrero de 2020, y tras un año de reuniones, el tripartito pactó que en el plazo de un año "desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes [...] el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística".
Pero apenas cinco meses después de que se pusieran de acuerdo en el Botànic y la ley obtuviera luz verde en el Parlamento valenciano, en septiembre de 2021 el Gobierno de Sánchez la paralizó. Desde entonces y hasta febrero de este año, Ejecutivo central y autonómico han estado viendo cómo encajar los cambios demandados por los primeros. Con motivo del decreto de medidas en relación a la guerra de Ucrania, Justicia intentó incluir esas modificaciones en el decreto 'omnibus'. Pero de nuevo tropezó: primero por no reunir a la mesa de diálogo, y ahora por no esperar al otro decreto que el Consell debe acabar de hornear.
