VALÈNCIA. El decreto ómnibus para afrontar la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, con el que el Consell pretendía acabar con el atasco en la tramitación de proyectos de energías renovables en la Comunitat Valenciana, no ha logrado el objetivo perseguido, sino todo lo contrario. En la práctica, la posibilidad de impedir la instalación de parques fotovoltaicos en zonas consideradas de alto valor agrológico ha frenado decenas de proyectos ya en tramitación y con inversiones millonarias comprometidas que, con las nuevas condiciones, pueden acabar siendo inviables.
Una de las principales compañías detrás de esos proyectos es Statkraft España, la multinacional de origen noruego líder en generación hidroeléctrica y el mayor productor europeo de energía renovable que ha construido el parque Talayuela Solar, unas de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa con 300MWp.
La empresa, que mantuvo su sede central en València tras adquirir Solarcentury a finales de 2020, mantiene en tramitación cuatro parques fotovoltaicos en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Entre los cuatro suman una inversión conjunta superior a 300 millones y una potencia total de 513 MWp que, con la aplicación del decreto ómnibus, han quedado en el dique seco.
Según lamentó este lunes el director adjunto de Statkraft España, Guillermo Roth, el Decreto Ley 1/2022 de 22 de abril del Consell "supone un importante frenazo para los proyectos fotovoltaicos en la Comunitat y choca frontalmente con la Estrategia Valenciana de Cambio Climático que marca un objetivo claro: que el 42% de la energía consumida en 2030 en la región proceda de fuentes renovables".
"Decenas de proyectos con sentido económico, medioambiental y social están totalmente paralizados con las nuevas limitaciones", lamentó el directivo en unas jornadas sobre el despliegue de la energía fotovoltaica en la Comunitat Valenciana organizada por la CEV, en la que también participaron el conseller de Economía, Rafael Climent, la secretaria autonómica de Economía, Empar Martínez, y la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón.
Según explica Juan Miguel Ferrer, director general de Statkraft España, a Valencia Plaza el decreto impulsado por el Consell el pasado abril para agilizar los plazos burocráticos en la tramitación de parques introduce una nueva capa en la regulación vigente desde 2020 con nuevas condiciones territoriales para su construcción.
"En la Comunitat Valenciana han cambiado las reglas del juego. Me parece bien que las Comunidades Autónomas regulen a futuro, pero lo que se ha hecho en la Comunitat Valenciana es puramente retroactivo", lamenta el directivo, quien considera que las nuevas condiciones deberían aplicarse a los nuevos proyectos a partir de la entrada en vigor del decreto, pero no a los iniciados con anterioridad.
Ferrer se refiere a la introducción de una disposición adicional en la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje que limita la capacidad de los ayuntamientos para suspender las licencias de instalaciones de renovables, pero por otro lado sí les permite hacerlo en zonas de suelo no urbanizable común definidas como de alta o muy alta capacidad agrológica.
También en aquellas que, siendo su capacidad moderada, "el ayuntamiento justifique mediante acuerdo plenario la necesidad de aplicar un régimen de protección agrícola". Adicionalmente, según consta en el decreto ley 1/2022, se abre la posibilidad de suspender licencias si el Consistorio "justifica mediante informe la posible degradación del entorno paisajístico próximo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local".
En la práctica, según explica el director general de Statkraft España, ello supone la exclusión de la práctica totalidad de la franja costera por tener la consideración de alta capacidad agrológica a pesar de ser óptima desde el punto de vista de las instalaciones solares por estar próximas a las zonas de mayor demanda energética y de las subestaciones eléctricas.
"Amenazan la viabilidad de gran parte de los proyectos de la Comunitat"
"El DL 1/2022 venía a hacerlo todo mas rápido y ágil, pero el detalle contiene varios puntos que hacen inviable la instalación de fotovoltaica por limitaciones como el valor agrológico. Proyectos antes permitidos –según la norma de 2020– por estar en suelo no urbanizable uso común se han convertido en incompatibles, ahora resulta que en 2022 ya no son aptos", explica Ferrer.
"Amenazan la viabilidad de gran parte de los proyectos de la Comunitat Valenciana", critica el directivo, quien destaca la paradoja que supone que un proyecto no pueda salir adelante finalmente por falta de licencia municipal pese a contar con los permisos del Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica.
A su juicio, la nueva regulación arruina la hoja de ruta que se fijó con la normativa autonómica de 2020 y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde había una "senda clara" para lograr el objetivo de instalar 6 GW de capacidad fotovoltaica en la región.
Muchas de las empresas que, como la suya, comenzaron a invertir con esa expectativa se han quedado ahora en fuera de juego. Statkraft tiene en desarrollo cuatro proyectos en la Comunitat Valencia que, según lamenta, han quedado "dinamitados" con el nuevo decreto del Consell.
Las plantas son las de Arada (con 150 MW de capacidad en Vall d´Uixò, Xilxes y Moncófar; Hierros (Turís); Predios (Alborache) y Tendetes, de 170 MW y ubicado en Biar, Cañada y Villena. Todos han superado la fase de información pública y están pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Según Statkraft, todas permiten son compatibles con la actividad agrícola y ganadera.
La puesta en marcha estaba prevista entre 2025 y 2026 y la empresa asegura estar tratando con la Gobierno valenciano la declaración de proyecto prioritario energético para sacarlos adelante, aunque no existan unos "criterios publicados" para ello.
El responsable de la compañía en España afirma que van a seguir trabajando en sacar adelante todos sus proyectos: "Confiamos en que la voluntad de la Generalitat de acelerar la transición energética se traslade a los Ayuntamientos que son quienes tienen ahora la última palabra en muchos de los desarrollos".
José Miguel Ferrer destaca el caso de la planta castellonense. Statkraft apostó por esa ubicación en la plana de Castellón para estar cerca de las empresas cerámicas con el convencimiento de que en el futuro aumentaría su demanda de energía. El año pasado, Vall d'Uixó y Xilxes ya suspendieron dos años la concesión de las licencias para infraestructuras de energías renovableslas.
"El proyecto va a ser aprobado ambientalmente y podría estar conectado en 2024, pero a día de hoy es inviable porque estamos en zona de valor agrológico alto. Antes estabamos perfectos y ahora este parque esta fuera", sostiene el directivo, quien destaca que el proyecto preveía el suministro de hidrógeno verde. "Lo que era una apuesta ganadora hoy en día es una decisión errónea", manifiesta.
Solamente en avales, asegura, la compañía tiene comprometidos 40.000 euros por MW, unos 20 millones de euros en los cuatro proyectos de la Comunitat Valenciana. A ello se suma, según datos de la empresa, la creación prevista de más de 2.000 empleos entre las fases de desarrollo, construcción y mantenimiento de los cuatro proyectos solares y la aportación de cerca de 9 millones de euros en impuestos municipales, sin contar el IAE.
La CEV pide acelerar el despliegue solar
En la jornada sobre el sector que acogió este lunes la CEV, su presidente, Salvador Navarro, instó a acelerar el despliegue de las instalaciones fotovoltaicas renovables, que ha de ser "una prioridad estratégica para nuestro territorio".
El conseller Rafael Climent destacó que la necesidad de profundizar en las energías renovables y en el autoconsumo "es más ciertA que nunca" y por ello la Generalitat ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica la ampliación en al menos 50 millones de euros del presupuesto asignado al Ivace para impulsar el autoconsumo.
Empar Martínez, por su parte, explicó que el despliegue de energías renovables es una cuestión de interés público, "una urgencia a nivel europeo y, una vez más, la Comunitat Valenciana va un paso por delante en esta realidad". Por su parte, Paula Tuzón aseguró que la transición energética "es irrenunciable, ahora mismo no es solo una cuestión ambiental de enorme importancia sino también económica, que afecta directamente a al día a día de las familias".
Foto: Statkraft
