Foto PEPE OLIVARESEl PP coincide que se tramite como "ley de urgencia" y estudia un recurso de inconstitucionalidad por incluir aspectos que nada tienen que ver con la crisis energética con el fin, aseguran, de saltarse trámites parlamentarios
VALÈNCIA. El macrodecreto que, entre otras cosas, regula la instalación de plantas de energías renovables para agiliarlas sigue siendo un dolor de cabeza para el Consell aún estando ya aprobado. De hecho, no está tan clara como parecía su necesaria validación en Les Corts.
Cinco diputados de Compromís y de Unides Podem EU han firmado una carta que deja en el aire su voto a la norma tal cual está redactada y ambos partidos piden al PSPV poder tramitarla como ley para poder debatir el texto y pactar algunas enmiendas que faciliten su aprobación.
Los socialistas aseguran no haber recibido aún un planteamiento concreto en ese sentido y recuerdan que ahora hay dos meses para, de una manera u otra, refrendar la norma que está en vigor desde el viernes sin entrar a más valoraciones.
"No podemos dar apoyo a medidas que impliquen reducir las garantías ambientales y territoriales, menospreciar la voz de los pueblos y reducir la autonomía de los ayuntamientos para acelerar la implantación de macroplantas energéticas", señala el texto que firman por parte de Compromís Graciela Ferrer, Josep Nadal y Mònica Àlvaro y Beatriu Gascó y Ferran Martínez por Unides Podem.
Uno de los firmantes de la carta aseguró a este periódico que no han pactado un posicionamieto de voto contrario al decreto y que se trata más de un 'toque de atención' al Botànic. Piden, sobre todo, impulsar de manera decidida otras acciones de política energética en las que hay acuerdos claros o leyes como la del cambio climático y la transición energética, que siguen en el cajón.
Los 'discolos' advierten en su escrito de que las macroplantas en el ámbito rural suponen una nueva forma de "extracción de rentas" y "deterioro del paisaje" y critican la reducción de la autonomía municipal y la participación ciudadanas. Además reclaman priorizar "la producción en las zonas de consumo y su entorno inmediato" y apuntan a polígonos industriales, instalciones públicas, tejados residenciales, PAIs inacabados o suelos degradados como zonas preferentes.
Los números son claros. La mayoría botànica es de 52 diputados con sólo dos de colchón sobre la oposición. Por tanto para sacar adelante la norma, los partidos que dan apoyo al Consell sólo pueden permitirse dos 'fugas' pero la tercera haría caer la norma si no la apoya algún diputado de la oposición.
La carta generó malestar en ambos grupos por ser una iniciativa unilateral de los firmantes pero tanto Compromís y Unides Podem EU sabían de esas dudas e incluso hay otros diputados que de alguna manera las comparten. De hecho, el posicionamiento expresado no varía mucho del que tenían ambas formaciones en la negociación. Por eso se ha trasladado al PSPV la conveniencia de que se tramite como ley para poder dar espacio al debate y a pactar algunas enmiendas.
"Aquí en Les Corts lo que hacemos es la convalidación y siempre se debate la posibilidad de tramitarlo como ley", apuntó este martes la síndica de Compromís Papi Robles las junta de portavoces.
Pero el 'fuego amigo' no es la única amenza al decreto. Desde el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, avisó que los servicios jurídicos del partido estudian un posible de recurso de inconstitucionalidad de la norma por todo aquello "de todo lo que no sea ayudar a las familias". Además, indicó que han pedido a la Generalitat el informe de la Abogacia respecto a este decreto tras haber obligado a cambiar el anterior.
"Querer relacionar los efectos de la guerra de Ucrania con asuntos como la agencia alimentaria, los hospitales de campaña o la memoria democrática cuando puede tener su propia tramitación nos llama la atención y nos indigna", destacó Mazón, que dijo que hay "una incoherencia legal de primera categoría" entre parte del contenido del texto con el título del decreto "que encima es falso".
"No se puede saltar el trámite parlamentario de cualquier manera, el trámite son Les Corts, que merecen un respeto y tienen una autonomía y una legitimidad que uno no se puede saltar a la torera cuando le apetezca", destacó.
El sindic socialista en Les Corts, Manolo Mata. afirmó que el decreto en vigor "da respuestas rápidas y eficaces a la crisis" y criticó la iniciativa popular. "Parece que estemos viviendo en un metaverso, en el que quienes piden acelerar las energías renovables o ayudas a empresas se dedican a anunciar que van a recurrir los decretos al Constitucional", apuntó.
Desde que el president Ximo Puig anunció la intención del Consell de promulgar este decreto su tramitación ha estado llena de obstáculos. Para empezar Compromís y Unides Podem EU frenaron la intención inicial de los socialistas de promulgar la norma de manera inmediata. Finalmente, el PSPV pudo sacar adelante el llamado 'decreto omnibus' tras una complicada negociación, beneficiado por del decreto del gobierno central, que abría la mano para facilitar las plantas de energías renovables reduciendo los trámites burocráticos pero también exigencias medioambientales.
Pero su aprobación en el pleno del Consell no supuso su publicación en el DOGV ni el consecuente inicio del plazo para que Les Corts lo validaran. La Abogacía de la Generalitat frenó el texto y obligó a redactar uno nuevo que se publicó este pasado viernes pero que no ha entrado en los asuntos que se tratarán en el próximo pleno, según los acuerdos de la junta de síndics de este miércoles. Eso sí, esta vez el contador sí que se ha puesto en marcha.
